La tensión entre el sector del transporte y el Gobierno vuelve a trasladarse a las calles. Conductores de diversos rubros iniciaron este lunes una movilización por tiempo indefinido en la intersección de la ruta PY01 (antigua Acceso Sur) y el desvío a San Antonio, en el distrito de Ñemby. La medida, que da continuidad a las protestas iniciadas la semana pasada, busca forzar una reducción real en los costos del diésel y la nafta, un factor directo en la estructura de costos de los trabajadores que hoy afirman operar al límite del margen operativo.
El reclamo no se limita a los gremios tradicionales de carga. En esta oportunidad, la convocatoria congrega a un abanico heterogéneo de trabajadores del volante: desde operadores de camioneros de gran porte, grúas y volquetes, hasta choferes de transporte escolar y conductores de plataformas de viaje como Bolt y Uber. La transversalidad del reclamo expone una realidad transversal a la economía local: el encarecimiento de los insumos básicos liquida el rendimiento de la jornada laboral tanto en el flete pesado como en el traslado urbano de pasajeros.
El trasfondo de un reclamo que apunta a la rentabilidad
El detonante del descontento responde a los incrementos consecutivos registrados en el precio de los carburantes durante los últimos meses. Desde la perspectiva de las organizaciones movilizadas, el margen de ganancia se absorbió por completo, llevando a gran parte del sector a trabajar bajo esquemas de insostenibilidad financiera.
“Ya estamos trabajando prácticamente bajo pérdida”
Así lo afirmó Miguel Sanabria, vocero de los camioneros movilizados, al justificar la urgencia de las medidas de fuerza. En ese sentido, las recientes medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo no lograron aplacar los ánimos. La disminución de G. 300 por litro dispuesta por la petrolera estatal Petropar fue recibida con escepticismo y rechazo por los manifestantes.
“Es una burla”
Sentenció Sanabria con relación al ajuste de la petrolera pública, al argumentar que el descuento resulta marginal frente a la acumulada escalada de precios. En contraste con la postura oficial, los sectores en protesta plantean una meta significativamente más drástica: fijar el precio del combustible en un valor cercano a los G. 2.500 por litro, una cifra que refleja la brecha existente entre las expectativas del gremio y la margen fiscal o comercial de la empresa estatal.
El riesgo de la presión hacia la capital
Más allá del bloqueo puntual o la congestión sobre la arteria que conecta el departamento Central con la capital, la mirada de los manifestantes está puesta en el centro del poder político. La falta de un canal de negociación con respuestas concretas eleva el riesgo de un escenario de mayor confrontación.
Sanabria confirmó que la dirigencia analiza trasladar la logística de las protestas directamente hasta la capital del país, una táctica ya utilizada en ciclos anteriores de movilización social y que suele traducirse en parálisis vial para la zona metropolitana.
“Estamos a punto de irnos a Asunción para tratar de solucionar”
Advirtió el vocero. Sin una fecha de finalización fijada y con la amenaza latente de un desplazamiento de camiones hacia el microcentro capitalino, la protesta en Ñemby plantea una pregunta de fondo sobre la capacidad de contención del Gobierno frente al desgaste de la economía real y la sostenibilidad de los precios de los combustibles.
