El procedimiento judicial en la sede de la firma GSR Security (registrada legalmente como Dobrestec) expone una trama que va más allá de un control de rutina sobre empresas de seguridad privada. Durante los allanamientos encabezados por el fiscal Silvio Corbeta, la comitiva fiscal y policial detectó maquinaria industrial de inyección de polímeros apta para fabricar componentes de armas de fuego, además de dos bóvedas —una de ellas oculta detrás de cajas— que serán abiertas formalmente en las próximas horas.
El hallazgo de estos equipos embalados y sin uso abre interrogantes centrales sobre el alcance real de las operaciones de la firma, vinculada al Grupo Vázquez. Si bien los peritos de la Dirección General de Material Bélico (Digemabel) confirmaron que las máquinas no estaban operativas por falta de la infraestructura eléctrica requerida, la falta de registro previo ante el órgano regulador constituye una irregularidad administrativa y legal que los investigadores deberán precisar.
Verificación de armamento y faltante millonario
Durante la inspección de los depósitos, los agentes incautaron un lote de aproximadamente 300 armas de fuego, entre cortas y largas de diversos calibres, junto con un cargamento de chalecos antibalas. Según informaron las autoridades, la totalidad del armamento incautado coincide, hasta el momento, con el inventario declarado por la empresa ante las autoridades competentes, aunque se mantiene el proceso de trazabilidad sobre cada pieza.
El caso tomó volumen económico en las primeras jornadas del operativo, cuando la Fiscalía incautó más de G. 9.000 millones en efectivo dentro del recinto. Asimismo, las auditorías preliminares detectaron un faltante sin justificar de G. 3.090 millones, hecho que derivó en la detención de Fabricio Martínez, representante legal de la sociedad comercial.
Apertura de bóvedas y curso de la causa
El foco de la investigación se concentra ahora en el contenido de los dos recintos blindados hallados en el lugar. Uno de ellos corresponde a una estructura empotrada en la pared de una habitación posterior, disimulada tras cajas de cartón, mientras que el segundo elemento es una caja fuerte de tipo móvil. Ambos compartimentos fueron lacrados por la comitiva policial para garantizar la cadena de custodia.
La causa penal busca esclarecer tanto el origen de los fondos en efectivo no bancarizados como la finalidad del equipamiento industrial no declarado. La apertura formal de las bóvedas bajo la conducción de la unidad especializada en Delitos Económicos determinará el rumbo de las imputaciones y el alcance de las responsabilidades patrimoniales de la firma en el esquema financiero investigado.
