La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) dio un paso estratégico al suscribir un contrato de suministro de energía eléctrica por un plazo de 15 años con la empresa Kuntur S.A., una firma vinculada al proyecto de infraestructura para inteligencia artificial desarrollado tras la alianza entre las plataformas Araico y Crusoe, bajo el marco de cooperación entre Paraguay y Estados Unidos. La decisión sitúa nuevamente en el centro del debate nacional el modelo de aprovechamiento de nuestros recursos energéticos: ¿se trata de una venta de volumen con margen técnico adecuado o de una oportunidad real para dinamizar la matriz productiva de alto valor agregado?
El esquema acordado establece una escala de consumo estrictamente progresiva. El suministro oficial comenzará el 1 de diciembre de 2026 con una demanda inicial modesta de 6 megavatios (MW). Sin embargo, el cronograma contempla un incremento sostenido hasta alcanzar una potencia contratada de 286 MW en abril de 2029. Con este volumen, Kuntur pasará a figurar entre los usuarios de mayor escala de todo el sistema eléctrico nacional, absorbiendo una cuota de potencia equivalente a la que demandan varias ciudades del interior del país juntas.
Las condiciones tarifarias y la tarifa especial
El marco legal y comercial del contrato se adhiere a la Resolución P/N.º 52552/2026, normativa que creó una categoría de consumo específica para industrias electrointensivas de tecnología avanzada abastecidas en niveles de muy alta, alta y media tensión. Las tarifas fijadas difieren según el nivel de tensión técnica requerido por la infraestructura del comprador:
- Para el abastecimiento en 23 kilovoltios (kV), la tarifa se estableció en US$ 56,39 por megavatio hora (MWh).
- Para el suministro en muy alta tensión de 220 kV, el precio baja a US$ 48,91 por MWh.
Un aspecto no menor del contrato es que contempla una revisión tarifaria cada dos años, resguardo necesario en un mercado energético global volátil. Si comparamos estos valores con los costos operativos y de generación, el precio pactado busca situarse en un punto de equilibrio entre la competitividad internacional para atraer capitales y la rentabilidad financiera que la ANDE requiere para no subsidiar el consumo corporativo. La clave de la ecuación estará en verificar que el margen obtenido cubra holgadamente la depreciación del sistema y los costos de oportunidad de esa energía.
Infraestructura: la carga financiera de la conexión
En el historial de acuerdos de la estatal de electricidad, la financiación de la infraestructura de entrada solía ser un punto de fricción presupuestaria. En esta ocasión, el contrato estipula expresamente que Kuntur S.A. financiará y asumirá la totalidad de los costos de las obras de conexión necesarias en la Subestación Yguazú. Este detalle no es menor: exime a la ANDE de realizar desembolsos de capital con fondos públicos para adecuar la llegada de la línea hasta la planta del cliente privado.
La ejecución puntual de estas obras en Yguazú resultará crítica, dado que la Subestación es el nodo clave para retirar la energía producida y garantizar que el incremento progresivo hasta los 286 MW no comprometa la estabilidad de la red de transmisión nacional.
La energía como anzuelo de inversión y el debate de fondo
Desde el punto de vista del desarrollo económico, la venta de energía a proyectos de procesamiento de datos e inteligencia artificial plantea un escenario distinto al de la mera exportación de excedentes o al de la minería de criptomonedas no regulada. Paraguay intenta utilizar su disponibilidad energética renovable como un factor de atracción de inversiones de escala industrial e infraestructura tecnológica. De acuerdo con las declaraciones del titular de la ANDE, existen otras compañías privadas que han manifestado interés en acceder a contratos bajo esta misma modalidad tarifaria, aunque aclaró que deberán cumplir con la totalidad de los requisitos documentales y técnicos antes de avanzar en negociaciones similares.
Sin embargo, el verdadero alcance económico de esta estrategia no se mide solo en megavatios vendidos o en la cifra del contrato. El impacto real en la economía cotidiana —empleo técnico cualificado, transferencia de tecnología y desarrollo de un ecosistema de servicios digitales local— dependerá de la concreción efectiva de las instalaciones en tierra y del volumen de inversión complementaria que estas firmas desplieguen durante los 15 años de vigencia del acuerdo. La energía es el insumo inicial; la incógnita que queda por despejar es cuánta riqueza duradera quedará en el país una vez consumidos esos megavatios.