La previsibilidad en las cuentas públicas vuelve a ponerse a prueba en el sector sanitario. La Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (CIFARMA) espera que el Estado termine de saldar las deudas pendientes con los proveedores de medicamentos entre marzo y mayo de 2027, a través de una estrategia de financiamiento contemplada dentro de la planificación fiscal y el proyecto de Presupuesto General de la Nación. El mecanismo central descansa en la emisión de bonos prevista para inicios del próximo año, una vía a la que el Ministerio de Economía y Finanzas recurre para estructurar desembolsos y dar respuesta a un reclamo histórico del sector privado.
El hecho central es concreto: la hoja de ruta financiera busca dar alivio al abastecimiento sanitario, pero plantea una pregunta de fondo inevitable. ¿Alcanza con emitir deuda para cancelar atrasos o el sistema de salud pública sigue operando bajo un déficit estructural que volverá a generar facturas impagas en el corto plazo? Traducido al día a día del ciudadano, de esta ecuación depende que los insumos y remedios básicos estén disponibles en las farmacias de los hospitales o que los pacientes deban seguir costeando de su propio bolsillo tratamientos esenciales.
El impacto financiero y la hoja de ruta de los pagos
Según los datos expuestos por Luis Ávila, director ejecutivo de CIFARMA, el esquema presupuestario abarca unos US$ 860 millones destinados a la gestión de compromisos pendientes y la regularización de atrasos del Estado. La proyección inicial del gremio apunta a que para el primer trimestre del año entrante la deuda corriente de medicamentos quede despejada, aunque la magnitud de las obligaciones podría desplazar la cancelación definitiva hacia abril o los primeros días de mayo.
“Estamos diciendo que para el primer trimestre del año que viene no va a haber deuda de medicamentos con los proveedores”, afirmó Ávila.
Para poner las cifras en perspectiva, al inicio de la actual administración se había anunciado un plan de liquidación total de la deuda farmacéutica. Sin embargo, quedó un remanente de US$ 380 millones que tuvo que ser absorbido por el presupuesto de 2024. Ese calce financiero redujo el margen de maniobra de las partidas presupuestarias posteriores y terminó alimentando la acumulación de nuevas obligaciones con las empresas proveedoras, un vicio recurrente en la administración de la salud pública.
Previsibilidad, crédito internacional y la brecha del gasto sanitario
Desde el sector farmacéutico valoraron el planteamiento técnico presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas, bajo la conducción de Óscar Lovera, al considerar que responde a un pedido insistente de las empresas para recuperar certidumbre. No obstante, las proyecciones dependen directamente del nivel de recaudación y de la efectividad en la colocación de los títulos soberanos.
El cumplimiento estricto de estos compromisos no solo afecta al balance de las empresas locales, sino también a la reputación financiera del país en los mercados internacionales. El propio representante de la industria farmacéutica enfatizó la importancia de no reincidir en impagos recurrentes para sostener la credibilidad del Estado paraguayo ante los inversores extranjeros.
“La credibilidad en el exterior es muy importante para aquellos que van a comprar estos bonos”, subrayó el directivo de CIFARMA.
El trasfondo de esta encrucijada radica en la brecha entre los recursos asignados al Ministerio de Salud Pública y la demanda real del sistema. Aunque se prevé un incremento presupuestario para la cartera sanitaria, las asignaciones históricamente han demostrado ser insuficientes frente a la carga que representan las enfermedades catastróficas y los tratamientos de alta complejidad, áreas donde el Estado busca coordinar alternativas de suministro con la industria local.
Emitir bonos para saldar deudas comerciales limpia temporalmente el balance del Estado y devuelve la liquidez a los proveedores, pero no resuelve la falla de origen: un presupuesto de salud que nace desfasado respecto a las necesidades de la población. Si la recaudación fiscal no acompaña o si el gasto no se optimiza, el riesgo de repetir el ciclo de endeudamiento seguirá estando presente en la agenda económica del país.