El Ministerio Público abrió una investigación penal contra el presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, tras la formulación de una denuncia que señala el presunto cobro irregular de G. 21,1 millones mensuales en concepto de bonificaciones adicionales a su dieta parlamentaria, sumado a la incorporación de cientos de funcionarios a la nómina del Congreso Nacional. La causa, iniciada formalmente en junio, indaga la posible comisión de hechos punibles de lesión de confianza, tráfico de influencias y cobro indebido de honorarios.
El peso de los números y la discrecionalidad administrativa
El núcleo de la pesquisa fiscal se centra en la estructura de ingresos del titular del Legislativo y en las decisiones de gestión humana adoptadas bajo su administración. La denuncia penal sostiene que el legislador habría percibido montos que sobrepasan la remuneración establecida por ley para su cargo, mediante el rubro de asignaciones complementarias.
De manera paralela, la causa abarca los procesos de contratación masiva registrados en el Poder Legislativo. La investigación busca determinar si la incorporación de cientos de empleados respondió a necesidades institucionales comprobables o si configuró un esquema de favoritismo financiado con recursos del Tesoro Público, aspecto contemplado en la figura de tráfico de influencias.
Las implicancias jurídicas en el fuero penal
El marco legal trazado por la Fiscalía abarca tres tipos penales de alta gravedad para la administración pública:
En primer término, la lesión de confianza evalúa si existió un perjuicio patrimonial al Estado paraguayo mediante la disposición indebida de fondos públicos. En segundo lugar, el cobro indebido de honorarios apunta directamente a la percepción de haberes sin la debida contraprestación o al margen de las normativas de la función pública. Finalmente, el tráfico de influencias indaga el uso de la posición de poder para viabilizar nombramientos o contrataciones en el aparato estatal.
La investigación del Ministerio Público se encuentra en etapa de recolección de elementos de convicción y peritajes documentales para determinar las responsabilidades penales correspondientes.