Desde este lunes comenzó a regir oficialmente en todo el país la veda de pesca comercial y deportiva, una medida dispuesta por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) que paraliza la extracción en los ríos internos y en los tramos compartidos con Argentina y Brasil. La restricción, fundamentada en la necesidad biológica de garantizar la reproducción de las especies ícticas, pone en pausa una actividad clave para la economía ribereña y reactiva el debate recurrente sobre el impacto socioeconómico de los periodos de Paro Biológico en las familias que dependen de los cauces hídricos.
Plazos diferenciados según la geografía limítrofe
El esquema de fechas no es uniforme y responde a los acuerdos alcanzados con los países vecinos. Según detalló el director de Pesca y Acuicultura del Mades, Adán Leguizamón, la prohibición en los tramos nacionales y en las aguas compartidas con la Argentina se extenderá hasta el 21 de diciembre. En tanto, para los cauces fluviales conjuntos con el Brasil, la restricción será más prolongada, abarcando hasta el 31 de enero de 2027. Esta diferenciación de plazos responde a las dinámicas de negociación bilateral y al comportamiento de la fauna en las distintas cuencas.
La medida alcanza formalmente a los ríos Paraná, Paraguay, Pilcomayo, Apa y demás cuerpos de agua del territorio nacional. La resolución ministerial, fechada el 22 de octubre pasado, no solo prohíbe la pesca deportiva y comercial, sino también el uso de artes de pesca, el transporte y la comercialización de productos pesqueros en todo el país. El objetivo técnico es claro: reducir a cero la presión extractiva en la época de mayor vulnerabilidad reproductiva de los peces.
Excepciones de subsistencia y severas sanciones económicas
Como en años anteriores, la normativa prevé una excepción vinculada al impacto social inmediato: se permite la llamada pesca de subsistencia. Sin embargo, los límites son estrictos. La disposición autoriza únicamente la pesca realizada desde la costa, con anzuelo o caña, sin el uso de embarcaciones. Cada pescador podrá extraer un máximo de 5 kilos de pescado por jornada, con la prohibición expresa de comercializar las piezas capturadas. En la práctica, esta cláusula busca evitar el desabastecimiento alimentario de las familias ribereñas más vulnerables, aunque la línea entre la subsistencia real y la venta informal en orilla suele ser compleja de fiscalizar.
Para quienes violen la norma, las consecuencias financieras y legales son elevadas. El Mades advirtió que los infractores se exponen a denuncias ante el Ministerio Público por la comisión de delitos ambientales, además de la aplicación de multas administrativas sustanciales. Los montos fijados oscilan entre los 351,3 millones de guaraníes (alrededor de 59.449 dólares) y los 2.341 millones de guaraníes (unos 396.198 dólares). Sanciones de esta magnitud buscan desincentivar el flagelo de la pesca furtiva a gran escala, un problema estructural que suele presionar los ecosistemas justamente durante los meses de desove.
El equilibrio entre el recurso natural y el sustento diario
Más allá de la formalidad del calendario de veda, la medida abre la discusión sobre el equilibrio entre la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad social. La pausa en la comercialización detiene de golpe el flujo de ingresos de miles de familias de pescadores, acopiadores y comerciantes minoristas. Si bien la preservación del recurso pesquero es la única garantía de que exista actividad comercial en el futuro, el desafío del Estado no concluye con la emisión de una resolución prohibitiva o la amenaza de multas multimillonarias.
La efectividad de la veda no se mide únicamente por la severidad de los controles en los puestos fluviales, sino por la capacidad institucional de acompañar a las comunidades afectadas durante el tiempo que dura la prohibición. Sin una fiscalización rigurosa para evitar que la pesca ilegal continúe a gran escala, y sin un sostén económico eficiente para los sectores vulnerables, la veda corre el riesgo de convertirse en un trámite administrativo anual que posterga los problemas de fondo en los ríos paraguayos.