La renuncia de Carlos Carvallo Spalding a la presidencia del Banco Central del Paraguay (BCP) formaliza un desenlace previsible, pero no por ello menos gravoso para la institucionalidad financiera del país. Tras la decisión del Directorio de la banca matriz de iniciar el procedimiento de resolución de ueno bank —entidad de la que Carvallo fue presidente hasta poco antes de asumir el cargo oficial en agosto de 2023—, su continuidad al frente del órgano regulador resultaba insostenible. La nota de dimisión fue confirmada este martes 3 de noviembre por el presidente del Congreso, Basilio Núñez, activando el mecanismo formal previsto en el artículo 17, inciso b), de la Ley N.º 489/1995.
Más allá del trámite legal ante el Poder Ejecutivo y el Senado, la pregunta de fondo que deja esta salida no es solo quién ocupará la silla vacante en el Directorio, sino cómo la máxima autoridad de supervisión bancaria no logró mitigar ni prever un deterioro patrimonial de tal magnitud en una entidad de rápido crecimiento. El conflicto de intereses, denunciado desde su nombramiento debido a su paso por la administración de la entonces Financiera Ueno entre junio de 2021 y julio de 2023, pasó de ser una objeción política a un problema de credibilidad técnica de primer orden.
El detonante: un agujero patrimonial insoluble
El detonante directo de este desenlace se produjo el 2 de noviembre, cuando el Directorio del BCP constató que el índice de solvencia de ueno bank cayó por debajo del 50% del mínimo legal exigido, luego de realizarse ajustes a sus estados financieros durante la etapa de regularización. La unanimidad de la resolución dejó al descubierto la gravedad de la situación financiera del banco y obligó a aplicar de inmediato los mecanismos de la Ley N.º 2.334/03 de garantía de depósitos y resolución de entidades de intermediación financiera.
La intervención conllevó la parálisis inmediata de los servicios de la entidad: canales digitales inoperativos, tarjetas bloqueadas y la suspensión de toda atención al público. Para los ahorristas, la mirada se traslada ahora al Fondo de Garantía de Depósitos, que cubre hasta G. 228.300.000 por persona física o jurídica. Quienes posean saldos superiores a dicha cifra deberán esperar el resultado de la liquidación de activos y el desarrollo de las actuaciones legales para evaluar las posibilidades reales de recuperación.
El juez, la parte y el control en entredicho
Carvallo argumentó en conferencia de prensa que firmó su renuncia para restar presión política a la institución, sugiriendo que su permanencia inicial buscaba dar continuidad al proceso de resolución, como informó este medio El presidente del BCP tiene firmada su renuncia en medio de la crisis de Ueno Bank. Sin embargo, la paradoja de que quien debía supervisar y eventualmente sancionar a la entidad fuera la misma persona que lideró su gestión ejecutiva durante la fase de expansión resulta indefendible en cualquier esquema de gobernanza bancaria rigurosa.
Aunque el BCP anunció la apertura de investigaciones para determinar responsabilidades administrativas y la posterior remisión de antecedentes a la Justicia ordinaria si correspondiera, el episodio deja una lección severa sobre los riesgos de la “puerta giratoria” entre el sector regulado y el ente regulador. Las señales de alerta sobre la calidad de los activos y los criterios de concesión de créditos en ueno bank requirieron ajustes contables que terminaron por devorar su capital, planteando serias dudas sobre la eficacia de los exámenes preventivos ejercidos por la Superintendencia de Bancos.
La salida de Carvallo despeja un obstáculo político inmediato, pero el desafío de fondo para el BCP recién empieza. El órgano regulador deberá demostrar con absoluta transparencia que los mecanismos de resolución funcionan con independencia de los nombres propios, garantizando la restitución ordenada de los fondos cubiertos y resguardando la estabilidad del sistema financiero nacional frente al impacto reputacional de esta crisis.