El Ministerio Público conformó un equipo de cinco fiscales para investigar la denuncia penal presentada por el Banco Central del Paraguay (BCP) contra la entidad Ueno Bank. La acción institucional responde a la crisis financiera que atraviesa la firma y se da de forma paralela al proceso de resolución dispuesto por la banca matriz para precautelar los activos del sistema.
La disposición fue firmada por el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, quien resolvió abrir la causa penal y designar a la fiscala adjunta Nancy Salomón como coordinadora del equipo de investigación. El expediente remitido por el organismo regulador posee un volumen considerable: una denuncia formal de más de 200 páginas acompañada por aproximadamente 2.000 páginas de documentos de respaldo contable y administrativo.
Integración del equipo y alcance de la causa
El grupo de trabajo está compuesto por los agentes fiscales Jorge Arce, Yeimy Adle, Francisco Cabrera y Silvio Corbeta, todos integrantes de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA). Los representantes del Ministerio Público tienen a su cargo el análisis técnico e integral de los hechos expuestos por la banca matriz para determinar eventuales responsabilidades penales en la gestión de la entidad.
La apertura de esta investigación penal se produce horas después de que el BCP anunciara, durante la madrugada de este martes, el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank. La medida fue adoptada por decisión unánime del Directorio del ente regulador.
Deterioro de la solvencia y marco legal
De acuerdo con la explicación detallada por la banca matriz, la resolución se resolvió tras constatar una insuficiencia crítica en el índice de solvencia de la entidad financiera. Este indicador cayó por debajo del 50% del mínimo requerido por las normativas vigentes, como consecuencia de una serie de ajustes aplicados a sus estados financieros durante el proceso de regularización.
El BCP fundamentó su intervención en las herramientas que otorga la Ley N.º 2.334/03, de garantía de depósitos y resolución de entidades de intermediación financiera. El regulador remarcó que el objetivo central del procedimiento es gestionar la salida de la entidad de manera ordenada, salvaguardar los ahorros de los depositantes y mantener la estabilidad del sistema financiero nacional.