La decisión del Banco Central del Paraguay (BCP) de iniciar el proceso de resolución de Ueno Bank debido a una severa insuficiencia en su índice de solvencia abrió de inmediato un frente judicial de derivaciones complejas. Tras la medida del ente regulador, el abogado Óscar Tuma confirmó que su equipo jurídico prepara una denuncia penal contra la totalidad de los actores involucrados en la gestión, supervisión y auditoría de la entidad bancaria. La iniciativa no busca únicamente esclarecer cómo se deterioró el capital de la institución, sino también sentar un precedente sobre los controles del sistema financiero nacional.
La acción que se presentará ante el Ministerio Público pretende reconstruir la cadena de decisiones, operaciones y eventuales omisiones administrativas que derivaron en la crisis. La denuncia abarca tres niveles diferenciados: la administración interna del banco, los organismos de supervisión del Estado y las firmas privadas encargadas del control externo y la calificación de riesgo.
Las autoridades bajo la lupa judicial
En el ámbito del gobierno corporativo del banco, la denuncia apunta a examinar la actuación de la cúpula directiva y ejecutiva. Entre los señalados por la representación legal figuran Juan Manuel Gustale Cardoni, Federico Miguel Vázquez Villasanti, Federico Cofman y Miguel Ángel Almada Frutos, además de otros directivos que ejercieron cargos durante los períodos bajo sospecha.
Sin embargo, el alcance del escrito judicial no se detiene en los escritorios de la entidad privada. La representación jurídica solicita que la Fiscalía investigue al propio directorio de la banca matriz, puntualizando los roles de Carlos Carvallo, Holger Insfrán y Chiara Antonella Renna Pereira. La investigación deberá precisar qué alertas técnicas registraron los sistemas del regulador, en qué fechas se tomaron conocimientos de los descalces de solvencia y si las medidas correctivas se aplicaron con la oportunidad que exige la norma.
Auditorías y calificadoras en el foco del proceso
Un elemento central de este trámite legal reside en el examen a las entidades independientes que avalaron los balances del banco antes de la intervención. La denuncia someterá a revisión el trabajo de auditoría realizado por la firma PwC, junto con los dictámenes e informes de riesgo emitidos por las agencias Solventa & Riskmétrica, FIX SCR y Fitch Ratings.
El objetivo del equipo de Tuma es establecer qué datos contables analizaron estas firmas, qué grado de acceso tuvieron a los activos reales de la institución y de qué manera comunicaron las vulnerabilidades al mercado financiero. Asimismo, las indagaciones pretenden identificar a los beneficiarios finales de las operaciones de crédito e inversión de la entidad y auditar el destino efectivo que se dio a los fondos captados del público.
“El objetivo principal de esta acción ante la Fiscalía es la preservación de las pruebas y la individualización de responsabilidades penales”, enfatizó el abogado Óscar Tuma al detallar los alcances del escrito.
La situación de los ahorristas y la cobertura de la garantía legal
En el terreno operativo y de protección al usuario, el BCP confirmó que los servicios habituales de Ueno Bank —incluyendo tarjetas de débito, crédito y la aplicación móvil— se encuentran suspendidos. Las autoridades monetarias informaron que la prioridad absoluta del procedimiento es la restitución de los fondos a los depositantes, estimando un plazo aproximado de 15 días hábiles para iniciar las devoluciones.
La cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) alcanza legalmente hasta 75 salarios mínimos por persona física o jurídica, monto que actualmente equivale a G. 228.300.000. Desde el BCP aseveraron que los activos depositados por la entidad intervenida superan el volumen total de los depósitos, descartando la posibilidad de un riesgo sistémico en el resto de la banca local.
Por su parte, el equipo jurídico de Tuma señaló que asumirá la representación de los clientes cuyos saldos superen la cifra máxima de cobertura legal del FGD, así como de los tenedores de Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) con vencimientos pactados a largo plazo, con miras a recuperar la totalidad del capital en las etapas subsiguientes del proceso de resolución.