Peña acuerda con el Congreso un proyecto de ley para devolver los fondos a ahorristas de Ueno Bank

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El presidente Santiago Peña rompió el silencio tras la crisis financiera que involucra a Ueno Bank y confirmó un acuerdo con los líderes del Congreso Nacional para impulsar, con carácter de urgencia, un proyecto de ley dirigido a iniciar la devolución inmediata de su dinero a los ahorristas afectados. La iniciativa oficial no solo busca mitigar el impacto directo sobre los depositantes particulares, sino también salvaguardar los recursos públicos de alto riesgo comprometidos en la entidad, de manera prioritaria los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) y de las distintas cajas de jubilaciones.

Respuesta institucional y el factor de la confianza

El anuncio del jefe de Estado representa la primera intervención política de peso desde que se desató el conflicto en la entidad bancaria. La velocidad de la respuesta normativa apunta a contener una eventual desconfianza sistémica que pudiera trasladarse al resto del sistema financiero nacional, en un contexto donde la previsibilidad de los depósitos resulta clave para la estabilidad económica.

Según lo expuesto por el mandatario, la herramienta legislativa busca saltear trabas burocráticas ordinarias para efectivizar los desembolsos de forma inmediata. La inclusión explícita del IPS y de las cajas jubilatorias en la estrategia de recuperación financiera responde a la alta exposición de los recursos de los trabajadores y jubilados, un punto de extrema sensibilidad política y social que exige garantías absolutas de liquidez y retorno.

Las implicancias normativas y el debate parlamentario

El consenso previo entre el Poder Ejecutivo y la conducción de las cámaras del Congreso perfila un trámite legislativo ágil, aunque la discusión técnica deberá precisar los mecanismos de financiamiento y la prelación de cobros para evitar lagunas jurídicas en la ejecución de la ley. La meta institucional planteada por Peña es cerrar la brecha de incertidumbre y asegurar que el costo de la contingencia no sea trasladado al contribuyente ni ponga en riesgo la estructura de la seguridad social.

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