La oposición en la Cámara de Diputados formalizó este martes la presentación de dos libelos acusatorios para solicitar el juicio político del presidente de la República, Santiago Peña, y del vicepresidente, Pedro Alliana. La iniciativa plantea el inicio del procedimiento constitucional previsto en el Artículo 225 de la Constitución Nacional por presunto mal desempeño en sus funciones, atribuyendo al Poder Ejecutivo el haber subordinado el interés público a favor de sectores privados.
El documento impulsado contra el jefe de Estado pone el foco en la relación del mandatario con el sector financiero y la gestión de las cajas públicas. En específico, la acusación sostiene la existencia de un conflicto de intereses derivado de la participación del presidente en Ueno Holding, así como por la designación de Carlos Carvallo —expresidente de Financiera Ueno— al frente del Banco Central del Paraguay (BCP). Asimismo, el texto recrimina a Peña haber impulsado modificaciones a la legislación sobre conflicto de intereses y haber permitido la concentración de fondos previsionales del Instituto de Previsión Social (IPS) en Ueno Bank, operación que, según la denuncia, superó los límites legales establecidos.
Los señalamientos contra el vicepresidente y la viabilidad del proceso
En el caso del vicepresidente Pedro Alliana, la acusación señala que el segundo del Ejecutivo operó políticamente para blindar la crisis en el ámbito legislativo. El libelo atribuye a Alliana haber avalado la colocación de los fondos previsionales del seguro social y haber mantenido silencio ante las alertas emitidas sobre el exceso de límites crediticios en favor de empresas vinculadas al grupo financiero.
De acuerdo con lo informado por la radio 780 AM, ambos proyectos sostienen que las máximas autoridades del país tenían conocimiento de la situación crítica en la entidad financiera y que omitiesen actuar en resguardo de las arcas públicas. La maniobra, argumentan los denunciantes, priorizó intereses corporativos por encima de la protección de los recursos de los jubilados y aportantes.
El trámite institucional exige ahora que la Cámara de Diputados evalúe y vote ambos proyectos de resolución. De reunir las mayorías requeridas, la acusación pasará a la Cámara de Senadores, instancia que deberá constituirse en tribunal examinador para juzgar a los mandatarios y definir su destitución o absolución.