La intervención de ueno bank por parte del Banco Central del Paraguay (BCP) entra en una fase crítica donde el impacto económico abandona los balances financieros para trasladarse de lleno al plano social y laboral. El equipo interventor designado por la banca matriz confirmó que trabaja en el esquema de atención del pasivo laboral de la entidad y que proyecta concretar el pago de las liquidaciones pendientes a los trabajadores en los próximos días, aunque admitió que todavía no existe un calendario fijado para efectivizar los desembolsos.
La incertidumbre sobre el cobro de haberes y beneficios afecta directamente a familias que dependen de la nómina de la institución, en el marco de un proceso de resolución extraordinario que expone las consecuencias reales de la falta de solidez en el sistema de intermediación financiera.
Déficit de solvencia y el amparo legal de la intervención
El desencadenante de este escenario se remonta a la decisión adoptada el pasado 2 de noviembre, cuando el Directorio del BCP resolvió por unanimidad someter a la entidad a un proceso de resolución legal, medida que fue oficializada al día siguiente. El regulador fundamentó el procedimiento en los términos de la Ley N.º 2334/03, normativa que rige el régimen de garantía de depósitos y de resolución de entidades financieras.
El motivo de fondo fue inapelable: la autoridad monetaria detectó una insuficiencia severa en el índice de solvencia del banco, el cual cayó por debajo del 50% del mínimo requerido por los marcos regulatorios vigentes. Esta abrupta pérdida de patrimonio neto obligó a la intervención estatal para salvaguardar el sistema, abriendo paso a la cuantificación de las deudas y prioridades de la entidad.
Casi 500 trabajadores registrados y el radar sobre las tercerizadas
Paralelamente al frente financiero, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) tomó intervención directa en el expediente para fiscalizar la cobertura de los derechos laborales. Según los datos oficiales presentados por la cartera de Estado al 4 de noviembre, al corte del día previo figuraban como activos en la nómina de la institución formalmente un total de 490 trabajadores.
La titular del MTESS, Mónica Recalde, precisó el alcance normativo del escenario actual al señalar el procedimiento establecido por la legislación:
El procedimiento de resolución constituye una etapa previa a una eventual liquidación y, en aplicación del artículo 17 de la Ley N.º 2334/03, corresponde identificar a los trabajadores afectados y determinar sus derechos, beneficios sociales y eventuales liquidaciones.
Más allá del personal con contrato directo en ueno bank, las secuelas de este proceso podrían propagarse a otros eslabones de la estructura corporativa. El Ministerio de Trabajo requirió formalmente información detallada sobre las empresas vinculadas al grupo empresarial y sobre aquellas firmas proveedoras de servicios tercerizados. El objetivo es mensurar el alcance real de las repercusiones laborales, en un contexto donde la cadena de pagos y el empleo formal sufren los embates directos de una severa falencia de gestión bancaria.