El escenario político paraguayo atraviesa una grieta inédita en el corazón del propio cartismo. El senador Natalicio Chase, hasta hace poco referente del movimiento oficialista Honor Colorado en la Cámara Alta, solicitó públicamente la renuncia del presidente de la República, Santiago Peña. La advertencia es tajante: si el jefe de Estado no da un paso al costado de forma voluntaria, la bancada impulsará y acompañará el procedimiento constitucional de juicio político, una medida que sepultaría la continuidad de la actual administración.
La postura de Chase no representa una simple disidencia testimonial dentro del partido de Gobierno, sino la confirmación de un quiebre operativo en el Congreso Nacional. La crisis, gatillada por el cuestionado manejo y la desprotección de los recursos públicos y los ahorros previsionales, ubica a la gobernabilidad en una zona de riesgo extremo, donde la continuidad del Presidente depende ahora de la velocidad de las negociaciones parlamentarias.
Fondos previsionales y quiebra de la confianza
El argumento central expresado por el legislador apunta de manera directa a la custodia de las cajas de jubilaciones y los recursos del Estado, un punto sensible que golpea en el bolsillo y la seguridad social de miles de familias paraguayas. Según la visión expuesta por el senador a través de sus redes oficiales, la severidad de los hechos ocurridos exige una respuesta institucional inmediata y sin atenuantes.
“Como senador de la Nación, tengo el deber de defender los intereses de los paraguayos y proteger la institucionalidad de nuestra República. Ante un hecho de semejante gravedad, el silencio y la indiferencia no son opciones”, afirmó Chase.
El legislador hizo hincapié en que detrás de los fondos públicos cuestionados existen años de trabajo y sacrificio de los aportantes que no pueden quedar expuestos a la discrecionalidad política. En ese sentido, exhortó a las instituciones encargadas de la persecución penal y el control estatal a actuar con la máxima severidad, eliminando cualquier privilegio o injerencia del poder de turno.
Aritmética parlamentaria: los votos para la destitución
Más allá del tono conceptual del reclamo, el dato político determinante radica en la correlación de fuerzas dentro del Poder Legislativo. Fuentes de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados coinciden en que los números para aprobar el libelo acusatorio y concretar la destitución mediante el mecanismo previsto en el artículo 225 de la Constitución Nacional estarían consolidados.
“Por todo ello, reclamamos la renuncia del presidente de la República. De no producirse, acompañaremos el inicio del procedimiento constitucional de juicio político, con pleno respeto al debido proceso y a las atribuciones del Congreso Nacional”, remarcó el parlamentario.
Con este movimiento, el margen de maniobra de Santiago Peña se reduce drásticamente. La encrucijada actual ya no gira en torno a si el mandatario conserva el respaldo de su bancada original, sino a cuál será la vía formal —renuncia pactada o destitución por la vía del juicio político— para resolver una crisis institucional que deja en evidencia la fragilidad de las alianzas dentro del propio oficialismo.