La intervención en Ueno Bank ingresó en una fase determinante que cambia la escala del problema para miles de ahorristas. Según confirmó la superintendenta de Jubilaciones, Griselda Figueredo, los interventores ya identificaron activos recuperables por un valor que superaría los US$ 1.200 millones. La cifra duplica la estimación previa de US$ 600 millones y modifica de forma sustancial el escenario: el calce entre este patrimonio sano y las obligaciones pendientes abre la posibilidad concreta de que los depositantes recuperen montos muy superiores a la cobertura básica del Fondo de Garantía de Depósitos.
El mecanismo elegido es la figura del balance de exclusión, un instrumento técnico que busca separar la paja del trigo dentro de la entidad intervenida para estructurar un paquete de bienes atractivos para el resto del sistema bancario. Lo que se debate en el fondo no es solo la suerte de los clientes del banco, sino la solidez del marco de resolución bancaria en el país y la capacidad del regulador para gestionar una salida ordenada sin infectar el crédito ni comprometer el ahorro privado.
El balance de exclusión: valorar activos para transferir pasivos
El proceso en marcha depende exclusivamente de la calidad de los activos que los interventores logren aislar. Según detalló Figueredo en declaraciones al programa “Así son las cosas”, emitido por radio Universo 970 AM y el canal GEN, la nómina de bienes recuperables incluye cartera de créditos en categorías de riesgo aceptable —específicamente categorías 1, 2 y 3—, además de inmuebles, red de sucursales, flota de vehículos, bonos, acciones y títulos valores. La condición técnica indispensable es que la totalidad de estos bienes sea cotizada a precios reales de mercado.
Una vez cerrado el balance de exclusión, el Banco Central del Paraguay convocará a un concurso privado en el que las entidades financieras del plaza podrán revisar la documentación respaldatoria. Los bancos interesados dispondrán de un periodo de revisión de aproximadamente una semana para auditar pagarés, carpetas de clientes, títulos e infraestructuras antes de presentar sus ofertas en sobre cerrado.
“Lo que se hace es buscar calzar entre todo este activo sano que se ha ubicado, que se ha encontrado, que se ha evaluado al precio de mercado, y se compara con el pasivo”, explicó la superintendenta Griselda Figueredo.
El banco o grupo de bancos que resulte adjudicatario de los paquetes de activos asumirá de forma directa la obligación de saldar los depósitos pendientes asociados a dicho bloque. Este diseño busca desplazar la carga del rescate hacia la capacidad de absorción del propio sector privado, evitando el uso de recursos públicos y minimizando el impacto sistémico.
Por encima del techo de garantía: la expectativa de cobro
El Fondo de Garantía de Depósitos establece una cobertura legal inmediata de hasta 75 salarios mínimos, monto equivalente a G. 236 millones por persona física o jurídica. Sin embargo, en procesos donde la cartera transferible supera el monto garantizado, la recuperación no se detiene en ese piso. Si el concurso de activos concluye con éxito, las entidades adjudicatarias asumirán los saldos excedentes.
“A mayor cantidad de activos colocados, o en el hipotético caso que se logre vender todo ese activo, se podría llegar a montos mucho mayores que la garantía”, afirmó Figueredo.
El antecedente no es menor: la funcionaria recordó que en procesos anteriores de resolución bancaria en el mercado local se ha llegado a la devolución del 100% de las acreencias, alcanzando a grandes inversores con saldos de G. 10.000 millones e incluso G. 25.000 millones. El volumen de activos identificado en este caso sugiere que el margen de cobertura efectiva podría ser elevado, siempre que la valoración técnica no sufra castigos excesivos durante la puja entre los oferentes.
Plazos operacionales y la incertidumbre de los depositantes
Para el ahorrista la gran incógnita sigue siendo el factor tiempo. Quienes ya percibieron el adelanto inicial de 40 salarios mínimos aún no tienen certeza de qué entidad asumirá el pago de su saldo remanente. Esa definición técnica ocurrirá únicamente cuando el directorio del Banco Central adjudique los bloques de activos.
Los interventores continúan en el plazo reglamentario para entregar el balance final e incluso cuentan con la facultad de solicitar una prórroga si la revisión permite incorporar más bienes al inventario. Una vez formalizada la adjudicación, el estándar operativo prevé una ventana de 30 días para el inicio de las devoluciones. Las cuentas con saldos menores ingresarían en un cronograma de pago directo, mientras que los montos de mayor volumen y los instrumentos de inversión deberán ajustarse a las fechas de vencimiento de sus respectivos contratos.
El hallazgo de activos por más de US$ 1.200 millones despeja el peor escenario de liquidación desordenada, pero somete a prueba la eficiencia técnica de las instituciones reguladoras. El éxito del procedimiento no se medirá únicamente por la cifra nominal rescatada, sino por la velocidad y la transparencia con que esos recursos retornen al circuito económico real.
