La Municipalidad de Asunción inició una investigación administrativa y judicial sobre 26 propiedades comunales cuya adjudicación y posterior transferencia a manos privadas presenta severas sospechas de irregularidad. El caso vuelve a poner de manifiesto la endeblez de los mecanismos internos de control sobre el patrimonio público de la capital y plantea una interrogante de fondo: ¿hasta qué punto la estructura institucional del municipio funcionó como un facilitador de negocios inmobiliarios particulares?
De acuerdo con los datos expuestos por las autoridades comunales, parte de los inmuebles indagados terminaron bajo dominio del Grupo Vázquez. El procedimiento operativo descrito por el asesor de la Intendencia, Stephan Rasmussen, revela un patrón burocrático expedito: notificaciones por supuestas deudas de arrendamiento que otorgaban a los ocupantes un plazo de apenas 24 horas para desalojar, seguidas por la rápida aparición de nuevos solicitantes prestos a iniciar el proceso de adjudicación.
El circuito administrativo y la falla de los filtros
El circuito de estas operaciones no fue clandestino ni marginal. Según detalló Rasmussen, los expedientes recorrieron el caminito formal ordinario: informes de las dependencias catastrales y jurídicas, resoluciones firmadas por la Intendencia y la ratificación final por parte de la Junta Municipal. Sin embargo, en ese periplo institucional se habrían omitido verificaciones esenciales, tales como la identidad real de los beneficiarios y la comprobación en terreno de la ocupación efectiva de las tierras.
La ex candidata y autoridad municipal Sole Núñez afirmó que la administración iniciará acciones judiciales, auditorías internas y sumarios administrativos con el objetivo de recuperar los inmuebles e identificar la cadena de responsabilidades físicas y jurídicas detrás de estas operaciones.
“Se constituyó un esquema montado para adjudicarse los terrenos de la Municipalidad de manera irregular, con muchos cómplices”
, sostuvo la funcionaria, al tiempo de advertir que el cruce de datos podría sacar a la luz nuevos lotes comprometidos en la misma modalidad.
El valor del patrimonio público e implicancias socioeconómicas
La enajenación opaca de activos municipales no es un debate meramente técnico ni una disputa entre facciones políticas de turno. Cada metro cuadrado de tierra pública que se transfiere al margen de los procedimientos legales representa un desfalco directo al contribuyente asunceno. Cuando el suelo comunal se adjudica mediante presiones administrativas de 24 horas y sin fiscalización real, se distorsiona la gestión del espacio urbano, se priva a la ciudad de recursos clave para inversión en infraestructura y se abarata el costo de la irregularidad a costa del patrimonio colectivo.
Sorprende —o tal vez ya no tanto en el entramado burocrático local— la celeridad pericial con la que se tramitaron plazos de desalojo implacables para los antiguos ocupantes, en contraste con la llamativa ceguera institucional para verificar a quiénes se les entregaba finalmente el título. La efectividad administrativa parece funcionar con precisión quirúrgica para despojar, pero sufre de una conveniente amnesia a la hora de auditar la legitimidad de los nuevos adjudicatarios.
El desafío para la administración capitalina excede la sola presentación de denuncias o la apertura de sumarios que terminen archivados en el tiempo. La restitución de estos 26 inmuebles y el esclarecimiento de las responsabilidades políticas y penales determinarán si la investigación busca desarticular de raíz la impunidad en la gestión del suelo comunal o si quedará registrada como un episodio más en la larga lista de hallazgos institucionales sin consecuencia práctica.
