La obra en el barrio Santa Ana busca formalizar a los pobladores que hoy dependen de conexiones clandestinas e intermitentes. La inversión se financiará con fondos propios de la aguatera estatal.
Camilo Benítez señala que la recaudación obrero-patronal no cubre las jubilaciones actuales, al tiempo que denuncia desfasajes por G. 623.000 millones y millonarias inversiones en software inservible.
Tras casi dos décadas de proyectos postergados, el Gobierno dio palada inicial al centro asistencial financiado por Taiwán. Promete cubrir el vacío prestacional que dejó el traslado del Hospital de Clínicas a San Lorenzo.
El nuevo titular de Establecimientos Penitenciarios promete revisar los controles e investigar la complicidad interna. Las acciones del Ministerio de Justicia quedan sujetas a resultados cada 30, 60 y 90 días.
El gremio de transportistas exige el pago de G. 9.600 millones en subsidios atrasados y plantea una revisión de fondo al sistema: que la ayuda estatal se transfiera directo a los usuarios.
La recomendación técnica del Instituto de Previsión Social es descartar la propuesta de comprar acciones en el sector bancario. La decisión final se abordará en una reunión con el exconsejero Carlos Pereira.
El Gobierno lanzó la construcción de una infraestructura financiada por Japón para 34.000 pobladores. El proyecto requirió años de espera institucional y rescata el peso de la cooperación internacional.
Un informe presentado a la Fiscalía revela severas irregularidades en el registro de egresados de carreras no acreditadas, con presuntas firmas falsificadas y falta de fiscalización del CONES.
El Gobierno anuncia la firma inminente del contrato con Emiratos Árabes Unidos por USD 450 millones. El trayecto Asunción-Luque busca mover a 40.000 pasajeros diarios, aunque el desafío real estará en la ejecución técnica y territorial del proyecto.
La confirmación de 14 jueces en Alto Paraná reflota el debate sobre la Ley 5336/2015, una normativa que asegura el blindaje de los titulares en las ternas y condiciona la renovación en el Poder Judicial.
Frente a la acumulación de denuncias por contrataciones irregulares en el Legislativo, emergen proyectos para frenar el ingreso discrecional. El debate de fondo apunta a si habrá voluntad política para desmontar el esquema.
