El Ministerio de Trabajo dispone asesoramiento legal sobre salarios, liquidaciones y estabilidad laboral para el personal del banco y sus empresas vinculadas, en medio de la suspensión de operaciones del BCP.
El Ministerio Público investiga a ocho ejecutivos por presunta lesión de confianza, estafa y conducta conducente a la quiebra. Un juzgado civil ordenó el traba de embargos por US$ 70 millones.
Representados por el abogado Óscar Tuma, ahorristas y empresas formalizaron las primeras denuncias ante la Fiscalía. El caso expone la falta de alertas oportunas del ente regulador y la parálisis de liquidez en el sector productivo.
El gremio empresarial insta al BCP y a la Justicia a actuar con rigor técnico e independencia. Advierte que la cautela regulatoria no debe convertirse en impunidad para los responsables.
Tras la denuncia del BCP por un severo deterioro de la solvencia, el Ministerio Público dispuso la detención de toda la plana directiva para evitar riesgos de fuga mientras revisa unas 2.000 fojas de sospechas financieras.
