El economista dimitió tras perder el respaldo de Horacio Cartes y la bancada oficialista ante la inminencia de un juicio político. El desplome de la entidad salpica la gestión por sus vínculos pasados y compromete fondos previsionales.
El Ministerio Público designó a tres agentes fiscales para examinar las gestiones del mandatario saliente en torno a la entidad bancaria y la colocación de recursos estatales.
El trámite parlamentario expone un dilema crucial: la aceptación de la dimisión por parte del Congreso o la condena vía juicio político, un fallo que definirá su futuro político y su acceso a la senaduría vitalicia.
El Ministerio Público conformó un equipo especializado para examinar la colocación de fondos públicos y la supervisión del banco en resolución. La indagatoria alcanza al presidente Santiago Peña y a altas autoridades financieras.
La Cámara Baja votó de forma unánime el libelo acusatorio minutos después de que el Poder Ejecutivo ingresara la dimisión del mandatario. El Congreso prepara la sucesión institucional.