Tomamos como ejemplo lo que pasa solo en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). En el 2011, durante la gestión del ministro Efraín Alegre, se habían adjudicado 15 licitaciones a 7 consorcios y se firmaron contratos por valor de G. 297.102.812.415 (ver infografía)
Llamativamente, el consorcio Tape Guaraní SA, de Manuel Sarquis, amigo del expresidente Fernando Lugo, ganó 8 licitaciones de estas 15. Estas constructoras, del monto total de sus respectivos contratos, llegaron a percibir G. 63.531.736.519. Coincidentemente, una vez que cobraron el anticipo, las empresas se declararon en quiebra y abandonaron las obras. A juzgar por lo que dicen los documentos firmados, el MOPC debió ejecutar inmediatamente la póliza del anticipo financiero.
Esto no se hizo, y aquí se pasan la pelota tanto el exministro Alegre como el que lo sucedió en el cargo, Cecilio Pérez Bordón, en cuanto a la responsabilidad.
Lo cierto es que hasta hoy no se ejecutaron las pólizas y el Estado nunca recuperó el dinero que dio como anticipo.
Peor calificación
El otro dato llamativo es que la firma Tape Guaraní presentó todas sus garantías con la aseguradora El Comercio SA, cuyo gerente es Manuel Gamara Elizeche, amigo de Manuel Sarquis.
Esta firma actualmente cuenta con la calificación más baja, según datos oficiales de la Superintendencia de Seguros del Banco Central del Paraguay (BCP).
Si bien determinar con qué empresa aseguradora trabajar es una decisión de la contratista y no del MOPC, el ministerio está obligado a por lo menos fijarse en la calificación de la firma con que la contratista operará.
Sobre las pólizas de anticipo financiero de contrato, las mismas deben tener hasta un reaseguro sobre el monto total del anticipo. En el caso de Tape Guaraní y El Comercio SA, tal reaseguro no existió, según confirma la propia Superintendencia de Seguros.
Consultado sobre este tema, el procurador general de la República, Roberto Moreno, exteriorizó su preocupación por la cantidad de casos que el Estado dejó de accionar para la ejecución de las pólizas.
Aclara que es la Procuraduría la que debe accionar, pero no pueden hacer, ya que no cuentan con la información. “Nosotros no podemos hacer nada sin tener la información. Debemos tener un sistema coordinado e integrado para el efecto. La mayoría de los casos nos llegan prescriptos, ya que estas pólizas tienen un breve tiempo de prescripción”, comentó el procurador.
Complicidad de funcionarios
Moreno contó que en algunos casos se iniciaron los procesos de ejecución de póliza ya estando prescriptas las acciones.
“Hay casos de desorganización, y lo que es más grave aún, algunos funcionarios dejan prescribir la póliza, por lo que el Estado ya nada puede hacer”, indicó.
Moreno dijo que esta situación afecta tanto a la Procuraduría como a Contrataciones Públicas y a los ministerios, en cada caso.
Finalmente, el funcionario lamentó que la institución a su cargo ni siquiera tenga un registro ni archivo de los casos y mucho menos un sistema informatizado.
Fuente: ABC Color
