Denuncian una sobrefacturación en proyecto de construcción de cárcel

El Ministerio de Justicia y Trabajo denunció ayer ante la fiscalía la sobrefacturación del 1.500% en la consultoría y fiscalización de la construcción de la cárcel de Emboscada. Además, pidió que se investigue el pago de salario a una funcionaria del Registro Civil, entre los años 2011 y 2013, pese a que supuestamente no concurría a su lugar de trabajo.

 

La presentación realizada por el director de Gabinete, Nelson Mora Peralta, da cuenta que como parte de la revisión de los procesos licitatorios adjudicados por las administraciones anteriores, se encontró el desembolso de la suma de G. 4.950.000.000 a una empresa, para la realización de un proyecto de consultoría sobre el desarrollo de la nueva penitenciaría nacional de Emboscada.

El abogado se negó a dar el nombre de la empresa, para no entorpecer las investigaciones.

Mora explicó que en octubre de 2011 y a pesar de contar con el desarrollo de un proyecto del año 2010 para la penitenciaría de Minga Guazú, el cual podía ser utilizado y adaptado para cualquier penitenciaría, el Ministerio de Justicia y Trabajo suscribió el contrato 288/11 por Servicios de Consultoría.

Este contrato fue para el desarrollo del proyecto ejecutivo y fiscalización de obras para la construcción de una nueva cárcel nacional.

El monto que se estableció en el contrato fue de G. 11.250.000.000 (G. 4.950.000.000 en concepto de consultoría y G 6.300.000.000 por la fiscalización de la construcción de la obra).

Mora explicó que los G. 6.300.000.000 correspondientes a la fiscalización de la obra no fueron transferidos a la empresa, ya que la construcción de la misma nunca empezó.

Un año antes, la cartera de Estado había contratado, vía licitación, una consultoría para el desarrollo del proyecto a ser utilizado para la penitenciaría de Minga Guazú, con una superficie de 33.000 metros cuadrados. Por dicho trabajo se abonó la suma de G. 330.000.000.

Otra denuncia

El abogado Mora denunció también el caso de Andrea Acevedo, quien fue nombrada en julio de 2009.
El 7 de diciembre de 2010 se dieron por terminadas sus funciones.

Este decreto fue dejado sin efecto el 21 de junio de 2011. Sin embargo, ya no habría acudido a su lugar de trabajo, pero igualmente siguió cobrando hasta este año. La denuncia dice que se abonó la suma total de G. 44.109.600, en concepto de pago por servicios, que nunca se realizaron.

FUENTE. ABC Color