La crisis de idoneidad y transparencia en la función pública paraguaya alcanzó un nivel alarmante. El contralor general de la República, Camilo Benítez, advirtió que la cantidad de títulos universitarios falsos o sin respaldo documental en las instituciones del Estado podría ascender a 5.000. Las declaraciones se dieron tras confirmarse el hallazgo inicial de 1.090 títulos irregores que involucran directamente a 1.082 funcionarios distribuidos en 35 reparticiones estatales.
El hallazgo no solo desnuda la vulnerabilidad de los sistemas de contratación pública, sino que pone en duda la legalidad y validez de las decisiones administrativas, académicas e incluso judiciales tomadas por personal que accedió a cargos y salarios sin cumplir los requisitos académicos exigidos por la ley.
Un primer muestreo que expone el alcance del problema
Las cifras presentadas corresponden únicamente a un primer corte de la auditoría oficial. Según explicó el titular del organismo contralor, la muestra actual abarca solo a 150 instituciones que respondieron a los requerimientos de información, sobre un total de 350 entidades notificadas. El universo examinado hasta el momento comprende a unos 90.000 funcionarios públicos.
“El primer muestreo dejó 1.082 personas, acá falta el Poder Judicial, la Fiscalía, el Congreso e instituciones del Estado grandes. Esto puede ser mucho más. Si seguimos el promedio por cantidad de personas, podemos decir que por lo menos vamos a llegar a 5.000 títulos en esta situación”
El contralor detalló que la mayor concentración de casos detectados en esta fase inicial corresponde al sector educativo. “La mayoría de este primer corte son docentes, probablemente necesitaban el título para acceder al rubro”, señaló Benítez, exponiendo la presión estructural dentro del sistema educativo para obtener certificaciones a fin de acceder a categorías salariales o rubros específicos.
Fallas en los órganos de control y riesgo de impunidad
El análisis institucional de la Contraloría apunta directamente a las entidades responsables de velar por la calidad y legitimidad de la educación superior en Paraguay: el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Según la evaluación del contralor, ambas instancias incurrieron en Omisiones severas en sus funciones de fiscalización y registro.
“El Cones evidentemente no ejerció su rol de control, porque, a pesar de las evidencias que encontramos, no hay un solo caso donde hayan emitido una sanción, clausura o intervención. El MEC tampoco hizo una debida diligencia al momento de registrar títulos”
La gravedad del escenario se acentúa al no descartarse la presencia de profesionales con títulos irregulares en estamentos clave de la administración de justicia, como la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial. El propio Benítez confirmó que en la Contraloría General de la República se detectaron cuatro funcionarios en esta condición. “Hablé con el presidente de la Corte y con el fiscal general para que respondan… Uno tiene que deslindar su propia responsabilidad”, enfatizó.
El examen especial llevado a cabo sobre el Cones y el MEC abarca el periodo fiscal de 2023 a 2026. Sin embargo, las limitaciones técnicas e institucionales impiden auditar retrospectivamente años anteriores. Consultado sobre la posibilidad de que este proceso de investigación quede sin sanciones efectivas y termine en el oparei, Benítez concluyó: “Podría, pero ojalá que no”.