El Cámara de Senadores resolvió conformar un equipo especial de investigación para desarticular una presunta red criminal dedicada a la adulteración y falsificación de títulos de propiedad sobre tierras públicas en el Chaco paraguayo. La pesquisa busca determinar el esquema de operaciones y ubicar a los responsables directos de haber facilitado la inscripción irregular de estos inmuebles estatales en favor de particulares.
El foco sobre el RUN y la responsabilidad institucional
El trasfondo de esta investigación excede la simple falsificación documental de gabinete; expone una vez más las debilidades estructurales en la custodia de la propiedad inmobiliaria en el país. El senador Líder Amarilla advirtió que las sospechas institucionales apuntan de forma directa al funcionamiento del Registro Unificado Nacional (RUN), la instancia clave para la validación de la propiedad en el Paraguay.
Debido a la gravedad de las irregularidades detectadas, desde el estamento legislativo no se descarta citar al titular de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, de quien depende operativamente el RUN. Asimismo, las indagatorias ponen la mirada sobre eventuales complicidades dentro del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), ente rector de la reforma agraria y depositario del patrimonio inmobiliario del Estado.
Eslabones de una posible asociación criminal
El circuito de convalidación de títulos falsos requiere, por su naturaleza, de una cadena de complicidades técnicas y administrativas. En ese sentido, el legislador interviniente sostuvo que los antecedentes deben ser remitidos al Ministerio Público con el fin de individualizar la responsabilidad penal de los escribanos públicos y funcionarios que intervinieron en las tramitaciones.
El análisis parlamentario plantea que el esquema no habría prosperado sin la anuencia de los calificadores que aceptaron los documentos en los registros públicos, sumado al rol de los inspectores del Indert que ejecutaron las verificaciones de campo en los terrenos afectados. Amarilla calificó estas maniobras articuladas como una probable asociación criminal destinada a despojar al Estado de su patrimonio en la Región Occidental.
Colección de elementos probatorios
La comisión legislativa se abocará a la recolección de antecedentes formales, testimonios de involucrados y expedientes técnicos para dar sustento a las denuncias. Según se precisó, existen elementos documentales presentados con anterioridad ante el pleno de la Cámara de Senadores que servirán como base para la apertura del proceso investigativo.
El avance de esta investigación legislativa pondrá a prueba la capacidad de control del Congreso sobre organismos sensibles de la administración de justicia y del régimen de tierras, en un momento donde la seguridad jurídica sobre la propiedad rural en el Chaco resulta determinante para el desarrollo económico y la credibilidad institucional del país.