La discusión en torno al impacto financiero tras la resolución de ueno bank suma un nuevo foco de tensión institucional y económico. La Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay (CNCSP) expresó su abierta preocupación ante el proyecto de ley que pretende ampliar de forma excepcional la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) para salvar la totalidad de los fondos públicos depositados en la entidad, incluidos los recursos previsionales del Instituto de Previsión Social (IPS) y de diversas cajas de jubilaciones.
El planteamiento de fondo expone un dilema operativo y ético: ¿corresponde alterar la naturaleza de una herramienta concebida para proteger al pequeño ahorrista con el fin de absorber pérdidas millonarias de entidades estatales? Para el sector empresarial, la respuesta exige marcar una raya divisoria clara entre la urgencia de la gente de a pie y el rescate a los fondos del Estado.
Atención inmediata versus recupero legal
Desde la CNCSP argumentan que la prioridad absoluta del sistema debe ser la devolución ágil de sus ahorros a los pequeños depositantes, garantizando canales de información precisos sobre plazos y mecanismos. Sin embargo, el gremio enfatizó que la situación de este segmento y la exposición de las cajas previsionales deben ser tramitadas por vías independientes, considerando los distintos niveles de urgencia y los marcos jurídicos específicos.
Mientras la respuesta para los pequeños ahorristas requiere inmediatez para evitar un quiebre en la confianza bancaria cotidiana, la recuperación de los recursos previsionales exige un análisis minucioso del balance de corte, la evaluación rigurosa de activos y pasivos, y la aplicación estricta del orden de prelación legal. Todo esto, acompañado de la identificación de las responsabilidades directas de quienes autorizaron u ejecutaron las operaciones cuestionadas.
El riesgo de distorsionar el Fondo de Garantía
El reclamo central de la organización empresarial apunta a la intención legislativa de equiparar ambos escenarios bajo la misma urgencia. La Cámara manifestó explícitamente que no acompaña que la necesidad social de los particulares sirva de pretexto para aprobar, en un solo paquete, una garantía total a los depósitos públicos.
A criterio de la CNCSP, extender la cobertura del Fondo a estos recursos altera la función original del instrumento, trasladándole compromisos que deben canalizarse mediante otros procesos legales de liquidación. El gremio advirtió que la angustia de los ahorristas no debe transformarse en el escenario propicio para tomar decisiones apresuradas que convaliden conductas pasadas, diluyan responsabilidades administrativas o transfieran los costos del quebranto al sistema de garantías.
Exigencia de rendición de cuentas y prudencia política
Para mitigar el impacto financiero, la nucleación privada subrayó la importancia de ejecutar con celeridad y transparencia los activos remanentes de la entidad financiera. Sostienen que todo el proceso debe regirse por la máxima rendición de cuentas, permitiendo auditar la efectividad de las cobranzas y los montos efectivamente recuperados.
El posicionamiento concluye con un llamado directo al Congreso Nacional y a las autoridades reguladoras para actuar con prudencia y estricto apego a la ley. Para la entidad empresarial, el desafío institucional radica en dar auxilio inmediato a las personas físicas sin desmantelar las reglas del sistema financiero ni socavar la solidez que este requiere para sostener la economía nacional.