La crispación política provocada por la destitución de Santiago Peña y la posterior asunción de Pedro Alliana al frente de la Presidencia de la República encendió las alarmas en el motor del consumo masivo. La Cámara Paraguaya de Supermercados (CAPASU) rompió el silencio institucional para manifestar su profunda preocupación ante el escenario de inestabilidad que atraviesa el país, al tiempo de exigir certezas operativas tras las recientes decisiones regulatorias que afectan a ueno Bank. El pronunciamiento gremial no solo refleja el nerviosismo del empresariado, sino que plantea la interrogante de fondo: hasta qué punto la incertidumbre institucional puede carcomer la confianza financiera y golpear el bolsillo cotidiano de la gente.
El reclamo por los depósitos y la credibilidad del sistema
El punto de mayor tensión en la postura del gremio supermercadista apunta directamente a la situación de los clientes con fondos retenidos o bajo proceso de liquidación en la mencionada entidad bancaria. Desde el sector retail sostienen que la resolución del caso no admite dilaciones burocráticas, puesto que la confianza del público es el activo más frágil de la economía.
El país necesita recuperar la previsibilidad para las familias, los trabajadores, las empresas y los inversores.
En su comunicado, con fecha del 6 de noviembre, la organización instó a las autoridades a acelerar los mecanismos legales para concretar la devolución de los depósitos con absoluta transparencia. Para los supermercadistas, la respuesta oficial debe ser contundente y rápida para evitar que el pánico financiero impacte en el consumo generalizado o se extienda como un factor de desconfianza hacia el resto del sistema bancario nacional.
Garantías para el empleo y la cadena de suministros
La preocupación de la cadena comercial no es menor. El comercio minorista opera como el termómetro inmediato de la salud económica familiar: si el ahorrista no puede acceder a su dinero o si el trabajador teme por la continuidad de su fuente laboral, el consumo se frena en seco. CAPASU advirtió que las tensiones políticas en la cúpula del Poder Ejecutivo no deben pasar factura al circuito productivo, al cumplimiento de las obligaciones comerciales ni al mantenimiento del empleo formal.
El documento enfatiza que la estabilidad macroeconómica y financiera que Paraguay construyó a lo largo de las últimas décadas constituye un patrimonio colectivo que el nuevo Gobierno está obligado a preservar. Las contradicciones y disputas en la clase política, argumentan desde el gremio, encuentran un límite claro cuando empiezan a arriesgar la seguridad jurídica y la certidumbre que requieren tanto los grandes inversores como la microeconomía del hogar.
El desafío del nuevo Ejecutivo ante la paz social
El llamado a la responsabilidad dirigido al gabinete de Pedro Alliana busca forzar una hoja de ruta clara que restablezca la normalidad en el menor tiempo posible. Para los referentes del comercio, la paz social y la institucionalidad no son conceptos abstractos ni discursos de ocasión, sino condiciones imprescindibles para que los proveedores entreguen mercaderías, las cadenas mantengan sus góndolas abastecidas y el consumidor final mantenga su poder de compra.
El pronunciamiento de los supermercados deja al descubierto la vulnerabilidad del escenario actual. La transición forzada en el sillón de López exige respuestas técnicas inmediatas y una gestión política sobria. De la rapidez y transparencia con que el Gobierno resuelva la crisis de liquidez y asegure los marcos normativos dependerá que esta turbulencia quede en un episodio pasajero o se transforme en un freno prolongado para el desarrollo económico del país.