Paraguay requiere un volumen de inversión de US$ 15.175 millones entre 2025 y 2030 para cerrar sus históricas brechas en infraestructura de transporte, agua, energía y telecomunicaciones, según señala el último informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La cifra, de magnitud considerable para la escala fiscal del país, pone sobre la mesa el debate central sobre de dónde saldrán los recursos y qué tan eficiente será el Estado para administrarlos de cara a las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El mapa del rezago: rutas y agua potable en el foco
El diagnóstico del organismo multilateral detalla que el sector transporte encabeza los requerimientos con US$ 6.170 millones, de los cuales US$ 5.299 millones corresponden exclusivamente a la infraestructura vial. El estado de las carreteras y caminos rurales sigue siendo un cuello de botella crítico para la conectividad del territorio y el transporte de la producción nacional hacia los puertos y mercados de exportación.
En segundo lugar se ubica el área de agua y saneamiento, que exige una inyección de US$ 4.194 millones. Juntos, ambos rubros absorben cerca del 68% del total estimado por el informe titulado Necesidades de inversión hasta 2030 para progresar hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La urgencia en saneamiento no es solo teórica: la cobertura de agua potable gestionada de manera segura en el país alcanzaba apenas el 64,4%, una cifra que expone las deudas urgentes en materia de salud pública y calidad de vida diaria para miles de familias.
El esquema de necesidades identificadas por el BID se completa con el sector eléctrico, que demanda US$ 2.450 millones para mantener y ampliar el sistema de distribución, y las telecomunicaciones, con requerimientos por US$ 2.361 millones para asegurar la inclusión digital.
Las cuentas del Fisco no alcanzan la meta
El meollo de la cuestión radica en la brecha entre la demanda proyectada y la capacidad real del Tesoro público. El estudio del BID refiere que las necesidades de inversión en infraestructura oscilan entre el 4,6% y el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) anual. Sin embargo, la trayectoria fiscal del Gobierno contempla un sendero bastante más modesto: la adquisición neta de activos no financieros pasaría del 1,6% del PIB en 2025 al 1,8% en 2026.
Con estas cifras a la vista, la ecuación matemática simplemente no cierra sin cambios sustanciales. El ritmo de ejecución actual resulta insuficiente para acompañar las metas fijadas, lo que dejaría a la economía nacional con un freno de mano puesto en términos de competitividad territorial y desarrollo social.
Resulta llamativo cómo las proyecciones presupuestarias suelen mantenerse al borde de la subsistencia operativa, confiando la diferencia a un financiamiento externo que no siempre se concreta con la rapidez necesaria. Atender estas carencias abarca no solo levantar obras nuevas, sino sostener la conservación y el reemplazo de la estructura existente, un aspecto habitualmente postergado en la gestión pública.
Priorización y eficiencia: las exigencias inmediatas
Para intentar acortar este margen, el informe sostiene que se requerirá apelar a mecanismos complementarios de financiamiento y establecer criterios de priorización rigurosos. No se trata únicamente de aumentar el gasto, sino de afinar la eficiencia de la inversión para que cada dólar ejecutado tenga un retorno económico y social medible.
Frente a este escenario, la discusión pública debe salir de la mera enumeración de promesas para enfocarse en la calidad técnica de los proyectos. Movilizar los US$ 15.175 millones de los próximos seis años exigirá al Estado una planificación de largo plazo que trascienda los periodos de gobierno y reduzca las ineficiencias en las licitaciones. ¿Tendrá la administración pública la capacidad política y técnica para reordenar sus gastos y atraer capitales privados, o continuará acumulando rezagos en los servicios más elementales?