El procedimiento de resolución dispuesto por el Banco Central del Paraguay (BCP) sobre ueno bank encendió alarmas inmediatas en el sistema previsional. La confirmación de que el Instituto de Previsión Social (IPS) mantiene una exposición financiera de US$ 355 millones en la entidad afectada coloca a la administración pública ante un doble desafío operativo y patrimonial. Más allá de la promesa oficial de tranquilidad, la contingencia abre interrogantes de fondo sobre los criterios de prudencia y gestión de riesgo en el manejo de las reservas de los trabajadores.
Desde la perspectiva estrictamente operativa, la prioridad del Instituto radica en blindar la acreditación de los haberes jubilatorios. Durante una conferencia de prensa, Gladys Vera, gerente de Administración y Finanzas del IPS, aseguró que los desembolsos ordinarios y el aguinaldo se realizarán conforme al calendario habitual, cuyo inicio está marcado para el 17 de noviembre. La funcionaria sostuvo que la entidad cuenta con la liquidez necesaria para sostener las obligaciones sin contratiempos.
La urgencia operativa afecta de manera directa a unos 33.000 jubilados y pensionados que cobraban a través de la entidad bajo proceso de resolución. Las autoridades del IPS informaron que el trámite para acreditar los fondos en otras instituciones bancarias ya se ejecutó y que la migración efectiva culminará en los próximos días, momento en que se comunicarán los canales y bancos habilitados para hacer efectivo el cobro.
El trasfondo financiero: US$ 355 millones en riesgo relativo
El aspecto más complejo del escenario no es el traslado técnico de las cuentas nómina, sino el destino de los recursos previsionales colocados en instrumentos de deuda de la financiera. La cifra expuesta alcanza los US$ 355 millones, una suma que representa aproximadamente el 9% de toda la cartera de inversiones que administra el Instituto. La masa de dinero comprende Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) y bonos financieros emitidos en ejercicios anteriores.
“Es un procedimiento que inicia, no es quiebra. Nosotros vamos a reclamar nuestras acreencias y seguir los procedimientos legales para estos casos”, afirmó Gladys Vera, al confirmar que la institución iniciará acciones administrativas y judiciales.
El tratamiento que reciban estas acreencias dependerá del inventario de activos y pasivos que realice el regulador bancario. Aunque la directiva de la previsional insiste en que el monto no debe considerarse una pérdida definitiva, el recupero efectivo de la liquidez quedará atado a la salud patrimonial de la entidad intervenida y a la prelación de cobro que fije el marco legal vigente.
Límites normativos y el origen de las colocaciones
Para dimensionar el origen de esta concentración de capital, la Dirección de Inversiones del IPS detalló el cronograma de las operaciones. Según Hugo Enrique Díaz López, director del área, la última colocación de fondos en ueno bank tuvo lugar en 2025 mediante un concurso de precios para certificados de depósito de ahorro. El funcionario aclaró que durante 2026 no se ejecutaron nuevas compras de papel debido a que la institución ya había alcanzado el tope máximo de exposición permitido por la ley previsional.
La versión institucional recalca que todas las colocaciones —que abarcan instrumentos contratados desde 2024— se hicieron al amparo de la legislación sobre inversiones de las cajas jubilatorias. Sin embargo, el hecho de haber llevado el cupo de inversión hasta el límite máximo en una sola entidad expone las fragilidades de un modelo de colocación que hoy exige al Estado desplegar mecanismos extraordinarios para recuperar los fondos de los aportantes.
Un margen de maniobra condicionado
El episodio deja dos lecciones inmediatas para la administración del riesgo público. En lo inmediato, la promesa de acreditación puntual para los 33.000 jubilados atenúa el impacto social de la crisis bancaria. No obstante, la discusión de fondo excede la logística de pagos del mes en curso: la recuperación de los US$ 355 millones dependerá exclusivamente del éxito con que el Banco Central liquide o reestructure el banco afectado.
El IPS enfrenta ahora el compromiso de demostrar que los mecanismos de control preventivo funcionan con la misma eficacia antes de adjudicar los fondos que al momento de exigir su devolución en los tribunales.