La Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público dio un paso de alto impacto institucional al ordenar la detención de Federico Miguel Vázquez Villasanti, Juan Manuel Gustale y otros seis integrantes vinculados al directorio de ueno bank. La disposición fue notificada de forma directa a la Comandancia de la Policía Nacional para su localización y puesta a disposición de la Justicia.
Alcance de la resolución fiscal
La medida fue formalizada mediante la Resolución N.º 01 del 3 de noviembre de 2026. En el documento remitido a la cúpula policial, los agentes fiscales intervinientes solicitan la aprehensión inmediata de los procesados en el marco de una causa penal abierta que investiga supuestos hechos punibles contra el patrimonio y el orden económico.
Además de Vázquez Villasanti y Gustale, la orden de detención alcanza a otros seis directivos y ejecutivos de la entidad financiera: Julio Daniel Rey Fernández, Diana Leticia Mongelós González, Mariana Torres Rubiani, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Miguel Ángel Almada Frutos.
Implicancias procesales y del sistema financiero
El requerimiento del Ministerio Público no constituye una condena ni determina responsabilidad penal definitiva, principio garantizado por el estado de inocencia procesal. Sin embargo, la gravedad de la medida cautelar adoptada por una unidad especializada refleja la entidad de los indicios recabados en la etapa de investigación preliminar.
El caso abre una interrogante clave sobre el impacto resolutivo y de confianza en el sistema financiero local, considerando la posición de mercado del banco y el perfil de los profesionales requeridos por la representación fiscal. Corresponderá a la representación legal de los investigados y a las autoridades regulatorias fijar las posturas institucionales a medida que avancen las diligencias procesales.