Las repercusiones de la intervención a ueno bank escalaron al ámbito penal. Un grupo de ahorristas y empresas afectadas formalizó las primeras denuncias ante el Ministerio Público para rastrear el destino de los fondos bloqueados e identificar a los responsables del esquema. El movimiento judicial, liderado por el abogado Óscar Tuma, no solo busca determinar la ruta del dinero desviado, sino que pone nuevamente bajo la lupa el papel de los organismos de supervisión del Estado.
La estrategia legal adoptada contempla la presentación de querellas por paquetes para agilizar el trámite procesal ante la constante fluencia de nuevos damnificados. El perjuicio económico abarca a un espectro diverso que incluye a personas particulares imposibilitadas de disponer de sus ahorros y a firmas comerciales cuya operatividad diaria quedó paralizada tras el bloqueo de sus cuentas e instrumentos de pago.
Desde la perspectiva del análisis regulatorio, el caso abre un debate profundo sobre la eficacia de las herramientas de supervisión del Banco Central del Paraguay (BCP). Si instituciones públicas y privados continuaron canalizando recursos de alta magnitud hacia la entidad hasta el momento de la intervención, fue en gran medida porque los informes oficiales no reflejaron alertas tempranas ni indicadores de riesgo crítico. La falta de advertencias oportunas por parte del órgano regulador termina por trasladar el costo de la incertidumbre a los depositantes y al sistema financiero en general.
Ruta del dinero y responsabilidades en la concesión de créditos
El proceso penal impulsado apunta a reconstruir la trazabilidad de las operaciones mediante peritajes tecnológicos sobre los flujos digitales. Según la representación legal de los denunciantes, la investigación debe enfocarse en los mecanismos de autorización de préstamos de gran porte concedidos a personas o entidades sin solvencia ni capacidad real de pago, lo que configuraría una conducta negligente o dolosa en la gestión de los activos.
“Optamos por dividir la denuncia por paquetes. Cuando ya íbamos a finalizar la confección de una presentación, caía otro cliente o un nuevo cliente al estudio jurídico a hablar de su situación. Tuvimos que hacer eso por una cuestión de economía procesal”, explicó el abogado Óscar Tuma.
El Ministerio Público dispuso medidas cautelares territoriales para evitar la salida del país de los principales directivos investigados, tomando como referencia los antecedentes de crisis bancarias anteriores en el fuero local. No obstante, la complejidad de las modalidades operativas empleadas sugiere que el proceso de auditoría forense y recuperación de activos demandará un plazo extendido.
El impacto inmediato en la economía real
Más allá de las derivaciones judiciales, el problema central radica en la parálisis que genera la falta de liquidez en el circuito económico diario. La imposibilidad de concretar transferencias o ejecutar pagos operativos impacta en forma directa en la cadena de suministros, el cumplimiento de salarios y la cadena de pagos mercantil.
“Va a ser una investigación muy amplia. Acá evidentemente hubo varios modos operandi. Hoy en día, con el mundo digital, el impacto es inmediato; tengo clientes que de la noche a la mañana se quedaron sin operatividad para trabajar o realizar transferencias porque sus fondos quedaron lockedados”, señaló Tuma.
La resolución de este conflicto pondrá a prueba la capacidad de respuesta del sistema de justicia y de la banca matriz para restaurar la confianza. Resta determinar si los mecanismos institucionales vigentes serán suficientes para mitigar el daño patrimonial de los depositantes o si el caso derivará en reformas estructurales a los marcos de supervisión financiera en el país.