El Ministerio Público alista la presentación del acta de imputación contra Miguel Vázquez Villasanti y otros siete altos directivos de ueno bank, tras la denuncia penal promovida por el Banco Central del Paraguay (BCP). La causa penal, que derivó en la detención de los investigados y en una serie de allanamientos, expone presuntos hechos punibles de lesión de confianza, estafa y conducta conducente a la quiebra, en un escenario donde la estabilidad y la gobernanza del sistema financiero vuelven a estar bajo la lupa institucional.
Los agentes fiscales designados por el Fiscal General del Estado para liderar la investigación son Jorge Arce Rolandi, Yeimy Adle Monges, Francisco Cabrera Sanabria y Silvio Corbeta. El equipo patrimonial y penal ejecutó diversos procedimientos en el marco de las indagaciones iniciales, entre los que destaca el allanamiento a la vivienda del vicepresidente de la entidad bancaria, ubicada en el barrio La Piedad de Asunción. En dicho operativo se incautaron documentos y vehículos de alta gama cuyo valor estimado superaría el millón de dólares, según el reporte periodístico de Aldo Ynsfrán para la cadena Nación Media.
Las identidades y el estado de la causa penal
La nómina de personas privadas de su libertad alcanza a los principales integrantes del gobierno corporativo del banco. La nómina detallada en la causa incluye a:
Juan Manuel Gústale, presidente del Directorio; Miguel Vázquez Villasanti, vicepresidente primero y representante del Grupo Vázquez; Diana Leticia Mongelós González, vicepresidenta segunda; además de los directores titulares Julio Daniel Rey Fernández, Mariana Isabel Torres Rubiani, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller y el directivo Miguel Ángel Almada Frutos.
Los detenidos fueron distribuidos en distintas dependencias policiales: los hombres permanecen bajo custodia en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, mientras que dos de las directivas fueron trasladadas al Departamento Judicial Femenino, situado en el barrio Trinidad de la capital. La comparecencia ante la unidad fiscal asignada se fijó para la audiencia de declaración indagatoria, instancia en la que los procesados mantienen el derecho constitucional de abstenerse de declarar. Tras la formalización del acta de imputación, el expediente será derivado a un juez de garantías en Delitos Económicos para la imposición de medidas cautelares.
Medidas patrimoniales en la esfera civil
En paralelo al proceso de orden penal, la autoridad monetaria impulsó acciones para precautelar el patrimonio en el fuero civil y comercial. En ese marco, el juez Walter Mendoza dio lugar a una medida cautelar de embargo preventivo sobre bienes, cuentas bancarias y acciones pertenecientes a los investigados, por un monto que alcanza aproximadamente los US$ 70 millones.
Para la ejecución de la medida, la magistratura remitió los oficios pertinentes al Registro Unificado Nacional. Una vez completado el asentamiento registral, el bloqueo sobre las propiedades y los activos financieros que figuren a nombre de los ocho directivos quedará plenamente operativo, buscando resguardar la eventual recomposición patrimonial que derive de las responsabilidades legales en juzgamiento.