El Instituto de Previsión Social (IPS) reveló que sus fondos depositados en el intervenido Ueno Bank ascienden a US$ 516 millones, una cifra significativamente mayor a los US$ 355 millones informados inicialmente en el inicio de la crisis financiera. El volumen colocado representa nada menos que cerca del 25% de todos los recursos de la previsional en el sistema bancario nacional, un nivel de exposición que encendió todas las alarmas en la administración actual de la entidad.
Ante la gravedad del escenario y el impacto en las arcas del seguro social, la previsional resolvió pasar a la ofensiva legal. La institución promovió una denuncia penal contra funcionarios de Ueno Bank y del Banco Central del Paraguay (BCP), con un objetivo central: lograr que los ejecutivos y directivos que autorizaron e intervinieron en estas transacciones respondan por el eventual perjuicio económico utilizando su propio patrimonio personal.
Las implicancias del caso van más allá de una querella ordinaria. Según explicó el director jurídico del IPS, Pablo Morínigo, en declaraciones a la radio Universo 970 AM y el canal GEN, la estrategia judicial busca asentar un antecedente de responsabilidad civil personal.
“Lo que se persigue es establecer la responsabilidad civil de las personas físicas que estuvieron involucradas en todo este proceso. Y esas personas físicas van a tener que responder por el daño causado con su patrimonio propio”
, aseveró la autoridad jurídica de la entidad.
Estructura de los fondos depositados y la pérdida de rentabilidad
Para comprender la magnitud de lo que está en juego para los aportantes y jubilados, es necesario desglosar cómo estaba repartido el dinero de la previsional dentro del banco. Del total de US$ 516 millones, un bloque mayoritario de US$ 334 millones pertenecía de forma exclusiva al Fondo de Jubilaciones. Estos recursos se encontraban colocados en Certificados de Depósito de Ahorro (CDA), instrumentos de inversión a plazo fijo destinados a generar los rendimientos necesarios para pagar las jubilaciones presentes y futuras.
Por otro lado, una suma de aproximadamente US$ 157 millones correspondía a los fondos de la caja operativa de la institución, depositados en cajas de ahorro y cuentas corrientes a la vista. Esta última fracción de capital no producía rendimientos ni devengaba intereses financieros, sirviendo únicamente como liquidez para los gastos corrientes de la entidad de salud.
El problema inmediato para el IPS no es solo la inmovilización del capital principal, sino el lucro cesante. Con la suspensión de las operaciones de Ueno Bank por parte del órgano regulador, el flujo de intereses que generaban los CDA quedó abruptamente interrumpido. Morínigo reconoció que la pérdida de estos rendimientos financieros constituye un daño patrimonial directo y cotidiano a la previsional, restringiendo su capacidad de generar ingresos financieros proyectados.
El proceso de resolución y el orden legal para cobrar
La estrategia judicial corre en paralelo a la intervención formal del BCP sobre la entidad bancaria. El proceso de resolución exige determinar con precisión el balance de activos y pasivos del banco para conocer el patrimonio real que queda disponible y definir cuál será el porcentaje efectivo de dinero a recuperar.
En este escenario de liquidación, la legislación paraguaya establece una estricta prelación de cobro que el IPS deberá esperar. Morínigo detalló el orden de preferencia que rige para la devolución de acreencias: en primer lugar, se debe cubrir a los pequeños ahorristas amparados por el Fondo de Garantía de Depósitos. Inmediatamente después en la fila legal se ubican los fondos previsionales. Tal como refirió este medio IPS alista denuncia contra ueno bank y el BCP por una exposición de US$ 516 millones, la prioridad beneficia a las cajas jubilatorias como el IPS, la ANDE, Itaipú y la Caja Bancaria, dejándolas por delante de los acreedores comunes o sin garantía.
Frente a la posibilidad de que la recuperación de valores se realice mediante la adjudicación de activos físicos, en el IPS recuerdan los antecedentes de la quiebra bancaria de la década de 1990 —como el caso BIPSA—, cuando el instituto recibió bienes inmuebles como parte de pago. Sin embargo, el marco legal actual es diferente: desde fines de 2023, con la entrada en vigencia de la Ley de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones y su posterior reglamentación, la enajenación o disposición de cualquier inmueble adjudicado a la previsional debe ejecutarse obligatoriamente mediante subasta pública.
Determinar cuánto capital retornará finalmente a la caja de los trabajadores es una incógnita que tomará tiempo dilucidar. La liquidación bancaria y las pericias penales recién arrancan, en un proceso que medirá el alcance real de las garantías y las responsabilidades en el manejo de los fondos públicos.