Con un desembolso de USD 62 millones otorgado por Taiwán, el Gobierno arrancó las obras en la Costanera Sur. El proyecto promete 481 camas y alta complejidad, pero reaviva el debate sobre la sostenibilidad del sistema sanitario.
Una comisión especial rastreará la adjudicación irregular de tierras públicas en la Región Occidental. El escándalo salpica al Indert y compromete al Registro Unificado Nacional bajo la órbita de la Corte.
El informe presentado ante la Comisión Especial del Senado reveló pagos a personas fallecidas y compras con sobreprecios de medicamentos e insumos médicos.
Mientras el Poder Ejecutivo celebra la baja del desempleo al 4,1% y de la pobreza al 16%, los sectores comerciales advierten sobre la caída en las ventas y la falta de circulante.
El gremio rechazó la propuesta oficial de G. 500.000 y exige un reajuste de G. 2 millones por vínculo. La medida de fuerza paralizará los laboratorios públicos en todo el país.
La banca matriz remitió 31 fojas con informes sobre ueno bank, Sudameris y Atlas. El Congreso prevé detallar el alcance de los documentos en medio de un debate sobre la confidencialidad de los datos financieros.
La derrota de Honor Colorado en la capital traslada la crisis partidaria a ambas cámaras del Poder Legislativo. Proyectos clave para la ciudadanía quedan postergados por pases de factura y debates estériles.
El país avanzó ocho posiciones en el ranking de protección durante el primer año de vida en un periodo de tres años, coincidiendo con un incremento histórico en la variedad de biológicos disponibles.
La misión de observación del organismo internacional valoró la jornada de las municipales, pero encendió alarmas sobre la custodia de actas, el voto asistido y el control real del dinero en las campañas.
Un proyecto de ley busca que el Ministerio de Economía pague los resarcimientos ya aprobados por la Defensoría del Pueblo, evitando que los afectados queden atrapados en un bucle burocrático.
El Ministerio de Salud indaga una denuncia que salpica al Hospital Distrital. Pacientes habrían pagado al sector privado por análisis realizados con recursos y reactivos del Estado.
