El paquete de propuestas está siendo elaborado por la comisión que estudia la reforma del sistema penal. Se analiza también tener procesos especiales para los casos donde el detenido cae en flagrancia.
La nueva legislación antidrogas que los tres poderes del Estado decidieron adoptar tras el asesinato del periodista Pablo Medina buscará agilizar los procesos por narcotráfico, que todas estas causas se tramiten en la capital y que los organismos judiciales y de seguridad puedan administrar los bienes decomisados de los narcotraficantes.
Estos son los principales ejes de las propuestas que actualmente están siendo estudiadas y van a ser presentadas en los próximos días por los miembros de la Comisión para el Estudio de la Reforma Penal.
Uno de los puntos que va a implicar una importante inversión de personal y hasta la creación de más juzgados es el traslado de todas las causas por tráfico de drogas a la circunscripción judicial de la capital. Esto también incluye casos de microtráfico y también se aplicará para los procesos por lavado de dinero, terrorismo y trata de personas, indicaron miembros de la comisión que elabora los proyectos.
Al respecto, representantes del Ministerio Público indicaron que la institución no está de acuerdo en llevar todos los casos a la capital, sino solo los casos importantes de narcotráfico. Esto es debido a que tramitar en Asunción las causas de microtráfico de todo el país podría colapsar los juzgados capitalinos.
Otro punto que se busca incluir es que la figura del procedimiento abreviado pueda ser utilizada para casos de narcotráfico. Actualmente, esta salida procesal -que consiste en una condena rápida con la admisión de la culpa por parte del acusado y el acuerdo del Ministerio Público- solo se utiliza en los juzgados con delitos en los que el marco penal es de hasta 5 años de cárcel.
Asimismo, indicaron que otra novedad será una mayor rapidez de los procesos en los que hay una flagrancia, es decir cuando los acusados fueron detenidos mientras cometían los hechos punibles. Se habla de reducir el plazo de investigación de la Fiscalía a solo tres meses e introducir otros cambios al proceso para obtener sentencias más rápidas.
En los casos de flagrancia, la comisión incluso está estudiando eliminar la etapa intermedia, es decir la audiencia preliminar, y elevar directamente a juicio oral las causas.
EXTINCIÓN DE DOMINIO. El proyecto de ley de extinción de dominio, que ya fue presentado en setiembre por el diputado Éber Ovelar busca reglamentar la administración de bienes comisados en procesos por narcotráfico.
Cuando presentó el proyecto, Ovelar señaló que «se le agarra al narcotraficante, pero todos se olvidan de la avioneta, la estancia, de todo. Al día siguiente, o una semana después, eso desaparece».
«Se quiere establecer, por ejemplo, la figura del administrador judicial, de tal modo que el Ministerio Público, legítimamente, pueda pagar la sanitación, la administración, el cuidado de los animales para que el día de mañana, cuando sean sometidos a comiso, pueda ser sujeto a un precio ideal y no se pierdan por el camino», añadió.
En ese sentido, miembros de la comisión indicaron que el comiso autónomo está establecido en el Código Penal, pero no regulado en el Código Procesal Penal.
Por otro lado, miembros de la comisión indicaron que no se buscará elevar las penas ni modificar el fondo de la ley que sanciona el narcotráfico.
Fuente: Ultima Hora
