En los últimos 10 años, el Estado transfirió más de US$ 98 millones a víctimas de la dictadura stronista, herederos e hijos. Entre ellos hubo numerosos casos sospechosos según la Procuraduría. Algunos califican de inmoral cobrar indemnizaciones cuando uno puede ganarse la vida.
“Es inmoral, está en contra del derecho natural, está en contra de la ética de un ciudadano toda aquella gente que ha cobrado las indemnizaciones o fue perseguida, pero que puede ganarse la vida”, manifestó a Radio Ñandutí el catedrático y exvíctima José Luis Simón.
Fue al cuestionar duramente al diputado liberal Juan Félix “Nito” Bogado quien defendió haberse beneficiado con G. 54 millones mediante la Ley 3603/08 que concede resarcimiento a los hijos de los detenidos durante el régimen.
“Jamás voy a escudarme detrás de una ley que la puedo entender en el caso de familias campesinas que han sido exterminadas, en el caso de personas que han quedado marcadas de por vida, que hoy ya son ancianos y no tuvieron la posibilidad de tener una jubilación”, aseveró el otrora perseguido político.
Así también el ciudadano Abel Villalba, expresó a ABC Color su indignación ante la indemnización como víctima de la dictadura a un diputado con una cómoda posición económica y cuya familia incluso vivió en Europa. Narró el caso del fallecido Cayo Efraín González, dirigente barrial de Zeballos Cue, quien fue detenido y torturado, pero nunca tuvo nadie que le tramite un pago.
Pagos estatales
Lo cierto es que en los últimos 10 años, el Estado transfirió más de G. 443.448 millones a víctimas de la dictadura y herederos (ver el cuadro adjunto). Al cambio actual la cifra supera los 98 millones de dólares.
En el cuadro puede apreciarse cómo en lugar de disminuir la cifra, cada año aumenta. Este fenómeno se dio especialmente durante la presidencia de Fernando Lugo, periodo en que también se promulgó la citada ley que amplió los requisitos de la 838/96.
Existen muchas denuncias de supuestos malos manejos e invento de supuestas víctimas de la dictadura que salpican al defensor del Pueblo Manuel Páez Monges, cuyo mandato venció en el 2008, pero sigue en el cargo. Varias irregularidades fueron detectadas por la Procuraduría General de la República (PGR), sin embargo, las advertencias fueron ignoradas.
Fuente: ABC Color
