Se evalúa también la contratación de 420 funcionarios fuera de periodos establecidos por normativa. El informe final deberá ser presentado a la Presidencia de la República el próximo 26 de febrero, aseguró el interventor Amancio Rivas.
Tanto la falta de transferencia por concepto de impuesto inmobiliario y la deuda con la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal fueron los principales argumentos presentados por la Junta Municipal para solicitar la intervención.
“Encontramos además la falta de rendición de cuentas ante instituciones públicas que imposibilitó la transferencia en concepto de royalties y fonacide. Desde mediados del 2017 hasta la fecha”, afirmó Rivas.
Un ambiente bastante tenso se vivió en el Municipio de Lambaré, desde el mes de noviembre, cuando una importante cantidad de funcionarios decidió ir a huelga por el atraso de pago de salarios de hasta cinco meses, en algunos casos. La medida fue levantada recién cuando en la Cámara de Diputados aprobaron la intervención y el Poder Ejecutivo asignó al nuevo interventor.
Pagos y Contratos. El interventor aseguró que encontraron contrataciones fuera de los plazos permitidos, ya que por normativa se establece que los contratos tienen vigencia desde febrero hasta diciembre. “Hay contratos desde octubre y cubre hasta marzo. Eso no está permitido por ley de Administración Financiera”. Aseguró que se trata de cerca de 420 personales de los cuales 40% presentan dudosas funciones. Sobre el retraso en el pago de los haberes, Rivas sostuvo que se están realizando de manera gradual por la cantidad de meses atrasados. Para hoy el desembolso será por salarios del mes de noviembre.
Denuncia
Una denuncia fue presentada a la Fiscalía contra el intendente Armando Gómez, el ex administrador, Roberto Paredes, y el tesorero municipal Rodrigo Portillo por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Los denunciantes son los concejales Blas Delgado y Nelson Miranda.
Fuente: Última Hora.
