Un proyecto para derogar la ley de Alianza Público Privada (APP) fue presentado este jueves en la Cámara de Senadores por representantes de organizaciones sociales, el Frente Guasu y el Partido Democrático Progresista (PDP).
El documento fue entregado en la mañana de este jueves en la Cámara Alta por senadores de la bancada del Frente Guasu, PDP y representantes de organizaciones sociales.
El senador Carlos Filizzola sostuvo, en conferencia de prensa, que con esta normativa se «busca regalar la soberanía y vender el patrimonio del país» por la voluntad del Ejecutivo. También dijo que buscarán derogar la ley de APP lo antes posible.
Mientras que la parlamentaria Esperanza Martínez refirió que dicha normativa es inconstitucional porque viola varios artículos de la Carta Magna. Cuestionó que la ley saca potestad al Poder Legislativo en analizar las concesiones para obras en conjunto con el Ejecutivo.
Dijo que actualmente el presidente de la República se convierte en el único responsable de todo el proceso de las concesiones.
«La ley tiene muchos defectos, uno de ellos es la concentración de poder, pasar por alto el Poder Legislativo; otro es que desaparece el Poder Judicial. Otro problema tiene que ver con la entrega de nuestras empresas públicas sin garantía de parte de las empresas privadas», detalló Martínez a la 780 AM.
Mientras que Luis Aguayo, de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesina (MCNOC), expresó que esta ley «no nos sirve y necesitamos una política de desarrollo».
Los impulsores señalan la necesidad de generar un nuevo proceso de análisis y debate legislativo con todos los sectores involucrados con la normativa que tiene gran importancia para el desarrollo nacional.
Entienden que debe realizarse conforme a las disposiciones constitucionales de la formación y sanción de leyes, y de manera participativa y transparente.
El presidente de la República Horacio Cartes sancionó la ley de Alianza Público Privada (APP) que busca fomentar la inclusión del sector privado en bienes y servicios proveídos por el Estado. La ley es duramente cuestionada por sectores sociales y sindicales.
Sindicatos de trabajadores del sector público, movimientos campesinos y partidos de izquierda se oponen a la ley, ya que sostienen que «rifará» la soberanía del país al poner en manos del sector privado competencias históricamente atribuidas al Estado.
Fuente: Ultima Hora
