El proyecto de ley que prohíbe el uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos personales en instituciones educativas públicas y privadas subvencionadas de Paraguay quedó sancionado de forma automática al no ser tratado dentro del plazo legislativo establecido. La propuesta, presentada originalmente por el diputado José Rodríguez, pasa ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.
La normativa sancionada establece que los estudiantes no podrán utilizar estos dispositivos dentro de los predios escolares en ningún horario ni circunstancia. Esta restricción no se limita únicamente a los alumnos, sino que también se extiende al personal docente y a quienes acompañan los procesos educativos, de acuerdo con las funciones que desempeñan en cada establecimiento.
Las tres excepciones contempladas en la ley
El documento legislativo prevé tres situaciones específicas en las cuales se permitirá el uso de la tecnología dentro de las aulas:
En primer lugar, se autoriza el uso por razones de emergencia, lo que abarca situaciones médicas o de seguridad que justifiquen la medida, siempre bajo la autorización expresa de las autoridades de la institución educativa.
La segunda excepción corresponde a fines pedagógicos específicos. Esto permite el empleo de dispositivos en actividades planificadas previamente por el docente, las cuales deberán desarrollarse bajo su supervisión directa y contar con el aval de la dirección del colegio o escuela.
Finalmente, se contempla la accesibilidad para aquellos estudiantes con discapacidad que requieran de estas tecnologías como herramientas de apoyo para su aprendizaje, previa aprobación de la institución.
Reglamentación en manos del MEC y el MITIC
Tras la sanción ficta en el Congreso, el futuro de la normativa queda en manos del presidente de la República, quien deberá decidir si la promulga o aplica un veto total o parcial.
De concretarse la promulgación, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), en coordinación con el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), tendrá la tarea de reglamentar la ley y adecuar las normativas de convivencia para su aplicación efectiva en las aulas de todo el país.