Los profesionales bioquímicos del sector público iniciaron este lunes una huelga nacional de tres días que paraliza los análisis ambulatorios en los hospitales dependientes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. La medida de fuerza, que se extenderá hasta el miércoles 28 de octubre, expone una fractura profunda entre las exigencias operativas del sistema sanitario e institucional y la realidad presupuestaria que administra el Poder Ejecutivo. Detrás de la suspensión de turnos programados hay un reclamo salarial atascado durante más de una década y la denuncia persistente sobre la falta de insumos básicos en los laboratorios de todo el país.
Las cifras del atraso y la brecha salarial
El trasfondo económico del conflicto es preciso en datos. El Sindicato Unión de Bioquímicos del Paraguay reclama un reajuste de G. 2.000.000 por cada vínculo laboral. Según los registros del gremio, las remuneraciones del sector se encuentran congeladas desde hace 14 años. En la actualidad, un profesional percibe un sueldo bruto de G. 4.300.000 por vínculo, una cifra que, tras los descuentos de ley, se reduce a unos G. 3.500.000 netos.
Traducido a la economía cotidiana del profesional de la salud, el poder adquisitivo de ese ingreso sufrió el impacto acumulado de más de una década de inflación sin compensación alguna. La pérdida de valor real del salario explica la masividad de la convocatoria, que comenzó con una concentración frente a la sede de la cartera sanitaria y una posterior marcha hacia el Ministerio de Economía y Finanzas, el actor clave en la mesa donde se deciden los topes del gasto público.
«No se puede avanzar en una carrera sanitaria sin atender primero las reivindicaciones salariales de los trabajadores», señaló la Dra. Natalia Zarza, referente del gremio.
Servicios mínimos y la precariedad estructural
El impacto directo de la medida se sentirá con fuerza en la suspensión de los análisis de rutina y ambulatorios. No obstante, en un intento por resguardar la bioseguridad y el derecho a la salud de los pacientes más vulnerables, el gremio garantizó la cobertura en las áreas críticas: servicios de urgencias, salas de internados, unidades de terapia intensiva, cirugías programadas, atención materno-infantil, tratamientos oncológicos y diálisis.
La huelga se formalizó tras el fracaso de la última reunión tripartita entre el gremio, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, donde el Poder Ejecutivo no presentó una contrapropuesta financiera. El problema, sin embargo, excede el haber mensual. Los profesionales denuncian una escasez crónica de reactivos e insumos esenciales, sumada a la falta de personal contratado que requiere nombramiento y a la imposibilidad de sostener coberturas de 24 horas en varios puntos del interior del país.
El dilema de fondo para la administración pública
El reclamo de los bioquímicos pone en evidencia una contradicción recurrente en las políticas públicas del Estado paraguayo: la pretensión de exigir estándares de calidad y eficiencia en los servicios esenciales mientras se mantienen esquemas salariales rigurosos e inamovibles durante más de una década. Pretender articular una carrera sanitaria sobre la base de salarios congelados desde 2010 no solo resulta insostenible en términos financieros para las familias de los trabajadores, sino que resquebraja la calidad del diagnóstico médico que recibe el ciudadano que acude al sistema público.
Resta analizar si el Ministerio de Economía habilitará una mesa de negociación con cifras reales o si apelará al desgaste de la medida de fuerza. La resolución de este conflicto marcará un precedente decisivo para el resto de los gremios de la salud que presionan por un reajuste en el presupuesto general. Mientras tanto, la falta de previsiones presupuestarias la terminan pagando, una vez más, los usuarios que ven postergados sus estudios médicos.