Los clientes de ueno bank amanecieron esta semana con una realidad operativa paralizada: la imposibilidad de consultar saldos, realizar transferencias por la aplicación o banca web, operar con tarjetas y retirar efectivo en cajeros automáticos. La interrupción total de los servicios es la consecuencia directa del procedimiento de resolución impuesto a la entidad por el Banco Central del Paraguay (BCP), una decisión adoptada por unanimidad por su Directorio el 02 de noviembre y dada a conocer de forma oficial este martes 03. La causa de fondo apunta al corazón técnico de cualquier entidad del sistema: la solvencia del banco cayó por debajo del 50% del límite mínimo legal requerido, a raíz de una serie de ajustes en sus estados financieros aplicados durante su proceso de regularización.
El hecho plantea una pregunta de fondo inevitable para el sistema financiero local: ¿cómo afecta esta medida a la operativa cotidiana de miles de usuarios y cuáles son los alcances reales de la cobertura oficial ante un escenario de intervención de esta magnitud?
El impacto operativo en el día a día de los usuarios
Más allá de los balances técnicos y los índices contables, la resolución golpea de lleno en la economía cotidiana de los depositantes. En un esquema donde las bancas digitales concentran el flujo diario de cobros de salarios, pagos de servicios, compras y transferencias comerciales, el bloqueo operativo genera un estrangulamiento inmediato. Quienes mantenían a ueno bank como su principal plataforma transaccional se ven forzados a reorganizar sobre la marcha sus compromisos financieros, a la espera de precisiones por parte de los interventores designados por la Superintendencia de Bancos.
Resulta llamativo que, previo al anuncio formal de la autoridad reguladora, la propia entidad haya sostenido públicamente que no registraba notificaciones sobre la aplicación del Fondo de Garantía y que continuaba operando con normalidad. Sin embargo, la determinación posterior del BCP dejó sin efecto esas aseveraciones y abrió una etapa crítica donde la prioridad declarada por el regulador es preservar la estabilidad global del sistema y salvaguardar los fondos de los depositantes.
Los límites y plazos del Fondo de Garantía de Depósitos
El marco regulatorio fijado por la Ley N.º 2.334/03 establece los mecanismos de contención para este tipo de escenarios. El punto de partida clave para la tranquilidad de los ahorristas radica en la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que alcanza hasta 75 salarios mínimos mensuales para actividades diversas no especificadas. En cifras concretas, la garantía estatal cubre actualmente hasta G. 228.300.000 por persona física o jurídica dentro de la misma entidad.
Es indispensable precisar la metodología de este resguardo: el tope de cobertura se aplica por depositante y no por número de cuentas. Es decir, independientemente de si un cliente poseía dos o más cuentas dentro de la institución, la suma protegida de manera directa no superará dicho techo. Para aquellos ahorristas cuyos saldos superen el monto garantizado de G. 228.300.000, la restitución de los excedentes quedará supeditada al resultado de las liquidaciones patrimoniales que realicen los interventores sobre los activos y pasivos de la entidad, un proceso donde el regulador procurará la máxima protección posible pero sin ofrecer certezas de devolución íntegra.
El cronograma legal para la devolución de los fondos
En cuanto al factor tiempo, la legislación bancaria fija pautas estrictas. El pago de la cobertura del FGD debe ejecutarse dentro de los 15 días corridos contados desde la aprobación de la resolución. Habiéndose firmado el dictamen el 2 de noviembre, este primer plazo vence el 17 de noviembre. No obstante, el Directorio del BCP cuenta con la facultad legal de disponer una prórroga fundada por otros 15 días, lo que trasladaría la fecha límite hasta el 2 de diciembre.
Mientras se aguardan las instrucciones oficiales sobre el registro de acreencias y las vías de cobro, el BCP remarcó que se trata de un evento puntual circunscrito a ueno bank y no de una vulnerabilidad sistémica del sector bancario nacional. Asimismo, la entidad reguladora confirmó que abrirá las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades administrativas y legales de este deterioro patrimonial, en tanto los clientes aguardan precisiones concretas sobre la hoja de ruta para recuperar sus ahorros.