Una comitiva fiscal y policial allanó en la noche del lunes la sede central de Ueno Bank en Asunción, en el marco de la investigación penal que busca esclarecer las presuntas irregularidades que derivaron en el cierre de la entidad financiera. El procedimiento, encabezado por los fiscales Silvio Corbeta, Jorge Arce Rolandi y Yeimi Adle Monges, se centró en la oficina ocupada por Miguel Vázquez, CEO del Grupo Vázquez y exvicepresidente del banco, y se suma a intervenciones simultáneas que alcanzan a exautoridades del Poder Ejecutivo y del ente regulador bancario.
Cajas fuertes ocultas y cadena de custodia
Durante la inspección en la casa matriz, los investigadores detectaron dos cajas fuertes en el despacho de Vázquez, una de las cuales se encontraba oculta tras una pared en el área de la terraza, contigua a un sanitario. Con la asistencia de cerrajeros especializados, la comitiva logró la apertura del primer cofre, en cuyo interior se hallaron únicamente documentos vinculados al caso, sin reportarse la presencia de dinero en efectivo o valores. La segunda estructura metálica quedó lacrada para su apertura programada para la jornada del martes.
El operativo en la entidad bancaria forma parte de un despliegue coordinado que incluyó allanamientos en las viviendas del expresidente de la República, Santiago Peña, y del extitular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo. Según informaron las autoridades del Ministerio Público, en ambos inmuebles se incautaron soporte digital, equipos informáticos y documentación diversa, los cuales fueron integrados al inventario oficial y puestos bajo custodia para el peritaje técnico correspondientes.
Las implicancias del caso
El avance del Ministerio Público sobre la estructura directiva de la entidad y sobre quienes ejercieron la conducción del Estado y del órgano regulador pone de manifiesto la severidad de las inconsistencias detectadas en la gestión del banco. La pesquisa busca determinar las responsabilidades individuales en la administración de la entidad, así como la efectividad de los controles institucionales previos a la resolución de su cierre.
Las evidencias recolectadas en los distintos procedimientos continuarán bajo análisis pericial para establecer si existieron actuaciones al margen de la legislación bancaria y del código penal.