El Ministerio Público sostiene que el exmandatario coordinó con autoridades del Banco Central acciones para evitar la intervención de la entidad y proteger intereses del Grupo Vázquez.
El Ministerio Público sumó la figura de asociación criminal contra el expresidente Santiago Peña y procesó a exmiembros del Directorio del BCP. Las implicancias de un caso que sacude el sistema financiero y el control previsional.
El Ministerio Público incluyó al expresidente y a las máximas autoridades del Banco Central del Paraguay en el proceso penal que investiga un esquema delictivo tras la caída de la entidad financiera.
La medida rige de inmediato en la red estatal y alcanza a cuatro tipos de carburantes. El Ejecutivo dispone además una reducción del 50% en el Impuesto Selectivo al Consumo con la promesa de sostener los precios hasta enero.
La Cámara Baja dio luz verde al proyecto presupuestario con ajustes en gastos superfluos del Ejecutivo. El texto pasa al Senado en un escenario marcado por la destitución de Santiago Peña y la llegada de Pedro Alliana al Palacio de López.
La Cámara Baja debate una reforma a la Ley de Garantía de Depósitos que busca liberar un pago anticipado de hasta 40 salarios mínimos por ahorro en un plazo de 24 horas.
El Ministerio Público toma declaración indagatoria a los integrantes del directorio con orden de detención. La causa analiza un presunto esquema de lesión de confianza.
El Ministerio de Trabajo contabiliza 490 despidos directos y más de 4.100 afectados en la red de corresponsalías y empresas satélites. La intervención del BCP abre un frente de alta tensión social.
El Ministerio de Trabajo dispone asesoramiento legal sobre salarios, liquidaciones y estabilidad laboral para el personal del banco y sus empresas vinculadas, en medio de la suspensión de operaciones del BCP.
El Ministerio Público investiga a ocho ejecutivos por presunta lesión de confianza, estafa y conducta conducente a la quiebra. Un juzgado civil ordenó el traba de embargos por US$ 70 millones.
La CNCSP exige priorizar a los pequeños ahorristas y advierte que no se debe usar la urgencia social para blindar recursos estatales ni diluir responsabilidades en el proceso de resolución de la entidad.
