El gremio rechazó la propuesta oficial de G. 500.000 y exige un reajuste de G. 2 millones por vínculo. La medida de fuerza paralizará los laboratorios públicos en todo el país.
La obra en el barrio Santa Ana busca formalizar a los pobladores que hoy dependen de conexiones clandestinas e intermitentes. La inversión se financiará con fondos propios de la aguatera estatal.
Camilo Benítez señala que la recaudación obrero-patronal no cubre las jubilaciones actuales, al tiempo que denuncia desfasajes por G. 623.000 millones y millonarias inversiones en software inservible.
Tras casi dos décadas de proyectos postergados, el Gobierno dio palada inicial al centro asistencial financiado por Taiwán. Promete cubrir el vacío prestacional que dejó el traslado del Hospital de Clínicas a San Lorenzo.
La fortaleza del guaraní perfora los ingresos de los exportadores y los obliga a operar a pérdida o abandonar mercados. Diez gremios empresariales se reunieron con el Equipo Económico para buscar salidas sin comprometer al BCP.
El gremio reclama reajustes salariales, provisión de insumos y la contratación de más personal para cubrir la demanda en unos 170 laboratorios del Ministerio de Salud.
A días de las elecciones municipales, los usuarios denuncian que pagan un pasaje de G. 5.000 por viajar en unidades con hasta 30 años de antigüedad y piden compromisos reales a los candidatos.
La propuesta del diputado José Rodríguez obtuvo sanción automática y pasa al Poder Ejecutivo. La restricción rige para alumnos y docentes de instituciones públicas y privadas subvencionadas, con tres excepciones específicas.
El Tribunal de Sentencia concluyó que el exlegislador no cursó la carrera de Derecho, pese a lo cual logró matricularse, jurar ante la Corte y presidir el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
El Tribunal de Sentencia lo calificó de alumno "fantasma". La justicia también ordenó investigar a la Universidad Sudamericana y a los testigos que declararon a su favor.
El Tribunal de Sentencia concluyó de forma unánime que el político colorado fue un «estudiante fantasma» y utilizó documentos académicos apócrifos para acceder a cargos clave de representación constitucional.
