El gremio rechazó la propuesta oficial de G. 500.000 y exige un reajuste de G. 2 millones por vínculo. La medida de fuerza paralizará los laboratorios públicos en todo el país.
La obra en el barrio Santa Ana busca formalizar a los pobladores que hoy dependen de conexiones clandestinas e intermitentes. La inversión se financiará con fondos propios de la aguatera estatal.
Camilo Benítez señala que la recaudación obrero-patronal no cubre las jubilaciones actuales, al tiempo que denuncia desfasajes por G. 623.000 millones y millonarias inversiones en software inservible.
Tras casi dos décadas de proyectos postergados, el Gobierno dio palada inicial al centro asistencial financiado por Taiwán. Promete cubrir el vacío prestacional que dejó el traslado del Hospital de Clínicas a San Lorenzo.
La fortaleza del guaraní perfora los ingresos de los exportadores y los obliga a operar a pérdida o abandonar mercados. Diez gremios empresariales se reunieron con el Equipo Económico para buscar salidas sin comprometer al BCP.
La comisión especial del Congreso indagará los criterios utilizados para priorizar a ciertos proveedores del Estado, el gasto en personal y la trazabilidad de los medicamentos.
El ministro Isaías Fretes advirtió ante el Congreso que no bastará con marcar asistencia y anunció que los jefes de servicio deberán reportar el rendimiento mensual de cada profesional.
Un examen especial detectó cinco años de graves inconsistencias en el inventario de fármacos de la previsional. Productos ya entregados, trasladados o devueltos figuraban como si todavía estuvieran disponibles.
El Ministerio Público sostiene que el documento académico del exlegislador carece de validez real. El juicio oral entra en su etapa final tras los alegatos de la defensa.
Los agentes del Ministerio Público sostienen que el exsenador colorado no pudo demostrar haber cursado la carrera de Derecho en la Universidad Sudamericana y señalaron graves contradicciones en las pruebas presentadas.
El reclamo de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud beneficiaría a unos 45.000 funcionarios y tendría un costo anual estimado de USD 103 millones.
