El gremio rechazó la propuesta oficial de G. 500.000 y exige un reajuste de G. 2 millones por vínculo. La medida de fuerza paralizará los laboratorios públicos en todo el país.
La obra en el barrio Santa Ana busca formalizar a los pobladores que hoy dependen de conexiones clandestinas e intermitentes. La inversión se financiará con fondos propios de la aguatera estatal.
Camilo Benítez señala que la recaudación obrero-patronal no cubre las jubilaciones actuales, al tiempo que denuncia desfasajes por G. 623.000 millones y millonarias inversiones en software inservible.
Tras casi dos décadas de proyectos postergados, el Gobierno dio palada inicial al centro asistencial financiado por Taiwán. Promete cubrir el vacío prestacional que dejó el traslado del Hospital de Clínicas a San Lorenzo.
El nuevo titular de Establecimientos Penitenciarios promete revisar los controles e investigar la complicidad interna. Las acciones del Ministerio de Justicia quedan sujetas a resultados cada 30, 60 y 90 días.
La aprehensión de Pablo Abel González Apuril tras el escape de dos reclusos de alta peligrosidad abre interrogantes sobre los esquemas de seguridad y la complicidad interna en el sistema penitenciario.
La Contraloría notificó a 381 instituciones tras el pedido del Congreso. Las primeras verificaciones revelan entes sin legajos de su personal y abren la vía a denuncias penales.
El Gobierno proyecta saldar los atrasos con los proveedores de medicamentos mediante la emisión de bonos. La industria valora la previsibilidad, pero advierte que el verdadero desafío será evitar un nuevo ciclo de endeudamiento.
El Mades fijó los plazos de restricción para aguas compartidas con Argentina y Brasil. La medida busca preservar los recursos ictícolas y exige rigor fiscalizador para no quedar solo en el papel.
Las autoridades de Paraguay y Brasil exigirán el Documento de Tránsito Vecinal Fronterizo y comprobantes de residencia según la ciudad de origen. La medida afectará a vehículos livianos de cuatro municipios limítrofes.
Un estudio del Ministerio de Obras Públicas y la ANDE proyecta recortes de hasta G. 1,2 millones al año por hogar en el gasto para cocinar. El desafío pasa por el costo inicial de los equipos y la capacidad del sistema eléctrico.
