El gremio rechazó la propuesta oficial de G. 500.000 y exige un reajuste de G. 2 millones por vínculo. La medida de fuerza paralizará los laboratorios públicos en todo el país.
La obra en el barrio Santa Ana busca formalizar a los pobladores que hoy dependen de conexiones clandestinas e intermitentes. La inversión se financiará con fondos propios de la aguatera estatal.
Camilo Benítez señala que la recaudación obrero-patronal no cubre las jubilaciones actuales, al tiempo que denuncia desfasajes por G. 623.000 millones y millonarias inversiones en software inservible.
Tras casi dos décadas de proyectos postergados, el Gobierno dio palada inicial al centro asistencial financiado por Taiwán. Promete cubrir el vacío prestacional que dejó el traslado del Hospital de Clínicas a San Lorenzo.
El nuevo titular de Establecimientos Penitenciarios promete revisar los controles e investigar la complicidad interna. Las acciones del Ministerio de Justicia quedan sujetas a resultados cada 30, 60 y 90 días.
Efectivos policiales y la Fiscalía intervienen los módulos del penal Martín Mendoza. La investigación ya derivó en la detención de cuatro guardias y la destitución del director.
La Policía Nacional y la Fiscalía arrestaron a las máximas autoridades de la cárcel de Emboscada. La investigación apunta a la complicidad tras la detención de cuatro guardiacárceles.
De 501 causas por exposición al peligro registradas este año en el décimo departamento, solo una fue a juicio oral. Denuncian que la figura del criterio de oportunidad desvió entre G. 750 y G. 2.500 millones a bolsillos particulares.
Lo que comenzó como una resolución controvertida para Alto Paraná amenaza con extenderse a todo el país. La decisión de restringir los ascensos a funcionarios internos divide al pleno de la Corte y enciende alarmas sobre la igualdad de oportunidades.
A los 1.090 títulos sin respaldo detectados por la Contraloría se suman cerca de 100.000 diplomas expedidos por carreras no acreditadas, en un escenario que expone graves fallas de fiscalización.
El gremio reclama un aumento de G. 2.000.000 para paliar la pérdida del poder adquisitivo, la provisión constante de reactivos para los análisis clínicos y mayor presupuesto para el sector.
