El gremio rechazó la propuesta oficial de G. 500.000 y exige un reajuste de G. 2 millones por vínculo. La medida de fuerza paralizará los laboratorios públicos en todo el país.
La obra en el barrio Santa Ana busca formalizar a los pobladores que hoy dependen de conexiones clandestinas e intermitentes. La inversión se financiará con fondos propios de la aguatera estatal.
Camilo Benítez señala que la recaudación obrero-patronal no cubre las jubilaciones actuales, al tiempo que denuncia desfasajes por G. 623.000 millones y millonarias inversiones en software inservible.
Tras casi dos décadas de proyectos postergados, el Gobierno dio palada inicial al centro asistencial financiado por Taiwán. Promete cubrir el vacío prestacional que dejó el traslado del Hospital de Clínicas a San Lorenzo.
El nuevo titular de Establecimientos Penitenciarios promete revisar los controles e investigar la complicidad interna. Las acciones del Ministerio de Justicia quedan sujetas a resultados cada 30, 60 y 90 días.
Un informe técnico de la Aneaes detectó más de 100.000 diplomas universitarios emitidos por carreras no acreditadas en tres años. La crisis pone en jaque la calidad de los profesionales paraguayos y exige medidas contundentes del Estado.
El transporte y el saneamiento acaparan casi el 68% de las necesidades. Las proyecciones del Fisco quedan cortas frente a un requerimiento de hasta 6% del PIB anual.
El Ministerio de Justicia intervino el presidio tras la evasión de dos reclusos procesados por narcotráfico y robo. Cuatro guardiacárceles fueron detenidos, uno de ellos con un arsenal de celulares y accesorios.
La medida de fuerza afectará a los laboratorios de la red pública hasta el miércoles 28 de octubre. Exigen reajuste salarial, nombramientos e insumos básicos.
Las imágenes de circuito cerrado mostraron a los agentes retirando un bolso con celulares y accesorios de procesados por narcotráfico antes de reportar la evasión.
El sector acata un paro de tres días en reclamo de equiparación salarial tras 14 años de congelamiento. Aunque se garantizan las urgencias, la medida suspende análisis ambulatorios y reabre el debate sobre la falta de insumos.