Tres funcionarias del Poder Legislativo presentaron una denuncia contra la senadora Zenaida Delgado por supuestos cobros indebidos de dinero a cambio de gestionar nombramientos y asegurar la permanencia en sus puestos de trabajo. Según las denunciantes, los montos exigidos para acceder a los cargos alcanzaban sumas de hasta G. 150 millones, una cifra que expone la gravedad del esquema de extorsión institucionalizado que opera en los pasillos de la Cámara Alta.
El precio de trabajar en el Estado
El relato de las denunciantes describe una dinámica donde el acceso a la función pública no responde a la idoneidad ni al concurso de méritos, sino al pago directo de canon al padrino —o madrina— de turno. Una de las afectadas señaló que debió recurrir a préstamos bancarios para saldar las exigencias económicas impuestas, contrayendo deudas personales para financiar lo que en la práctica funcionaba como un peaje de acceso al salario estatal.
Este tipo de mecanismos no representa una novedad en la política parlamentaria paraguaya, pero la formalización de la denuncia pública y judicial por parte de las propias víctimas marca un precedente sobre las condiciones de subordinación y vulnerabilidad a las que se somete al personal contratado en el Congreso.
El costo institucional del patronazgo
Más allá de la responsabilidad penal individual que deberá determinar el Ministerio Público, el caso de la senadora Zenaida Delgado evidencia cómo la precarización de la carrera civil se convierte en un instrumento de caja política. Cuando la permanencia en el cargo depende del pago de una tarifa y no del rendimiento laboral, la función pública deja de prestar un servicio al ciudadano para transformarse en un negocio privado de recaudación.
La denuncia plantea una interrogante de fondo sobre el control interno y la impunidad con la que operan ciertos despachos parlamentarios. El cobro de cuotas o coimas para el sostenimiento de bancadas e infraestructura política personal degrada el presupuesto público, donde el dinero del contribuyente termina subsidiando esquemas de endeudamiento privado de los propios trabajadores.
La respuesta pendiente del Legislativo
Hasta el momento, la investigación se centra en los testimonios presentados y en las pruebas documentales que respalden las transferencias y compromisos financieros asumidos por las denunciantes. Corresponderá a la Cámara de Senadores evaluar si los hechos tipifican causales de tráfico de influencias u otras sanciones administrativas, un ámbito donde históricamente la solidaridad de cuerpo suele primar sobre la severidad ética.
El avance de esta causa permitirá medir si las instituciones de control poseen la capacidad de sancionar la extorsión laboral dentro del propio Estado o si el sistema mantendrá la protección sobre los fueros parlamentarios a costa del erario público.