La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) proyecta lanzar este año la licitación para construir la primera planta solar de gran escala en el Chaco, en un movimiento que busca diversificar la matriz energética nacional y atender la creciente demanda interna. Sin embargo, el anuncio técnico viene acompañado de un claro mensaje político y comercial: el titular de la estatal, Félix Sosa, confirmó que renegociarán los contratos con las empresas de criptominería para exigirles mayor flexibilidad y frenarán la firma de nuevos acuerdos de gran consumo. La decisión plantea una pregunta de fondo: ¿alcanzan las medidas operativas para garantizar la seguridad energética mientras las indefiniciones en Itaipú siguen marcando la agenda de desarrollo?
Durante una entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por radio Universo 970 AM y canal GEN, Sosa detalló el plan de la institución para encarar la transición operativa que demanda el país. Según el funcionario, el pliego de bases y condiciones para la planta fotovoltaica en la Región Occidental está 100% preparado con miras a su publicación antes de que finalice el año. El proyecto forma parte de un Plan Maestro más amplio que contempla alcanzar un total de 500 megavatios de potencia combinada entre generación solar y bancos de baterías, además del despliegue de pequeñas centrales hidroeléctricas.
Reglas de juego más estrictas para el sector cripto
El trasfondo de esta expansión de infraestructura es el agotamiento progresivo de los excedentes energéticos de los que tradicionalmente gozó el Paraguay. Frente a este escenario, la ANDE puso la lupa sobre el sector de la criptominería, una actividad de intensivo consumo eléctrico que generó intensos debates sobre su verdadero aporte a la economía local frente al riesgo que supone para la estabilidad del sistema.
Sosa adelantó que los contratos vigentes con estas firmas, cuyo vencimiento está fijado para el 31 de diciembre de 2027, serán revisados integralmente. La condición para que estas industrias sigan operando en territorio nacional será la aceptación de un esquema con mayores interrupciones en el suministro en momentos de pico de demanda.
“Si es que continúan, las condiciones van a cambiar totalmente”, advirtió Félix Sosa.
Actualmente, las cláusulas contractuales facultan a la ANDE a interrumpir el servicio a las criptomineras hasta un máximo de 300 horas al año. La intención de la administración es ampliar sustancialmente ese margen para disponer de esa potencia cuando la red pública lo requiera. Además, Sosa remarcó que la entidad no firmará nuevos contratos a gran escala para este rubro hasta que no existan licitaciones de generación eléctrica efectivamente publicadas y en curso. Es una postura lógica de prudencia: la prioridad de la red estatal debe ser el consumo residencial y la industria de transformación que genera empleo directo.
Itaipú y la urgencia de certezas financieras
Más allá de la energía solar en el Chaco y el reordenamiento del sector electrointensivo, el verdadero cuello de botella para las finanzas de la ANDE y la economía nacional sigue estando en la definición de la tarifa y las condiciones operativas de Itaipú Binacional. Sosa calificó como una prioridad impostergable la revisión del Anexo C, recordando que tanto el contrato de potencia con la entidad binacional como la tarifa actual de US$ 19,28 por kilovatio/mes vencen este 31 de diciembre.
Sin un acuerdo cerrado sobre el costo de la energía para el próximo año, la planificación operativa del país camina sobre terreno inestable. “Urge esa definición al respecto de tener previsibilidad tanto para la ANDE como para el país a partir del próximo año”, subrayó el titular de la entidad.
En ese mismo marco, el Gobierno buscará incluir en la mesa de negociación con el Brasil el aumento de la capacidad de generación de la central hidroeléctrica mediante la modernización de sus unidades generadoras y la instalación de paneles fotovoltaicos sobre el embalse, respaldados por sistemas de almacenamiento con baterías.
La estrategia trazada por la ANDE combina una necesaria diversificación de fuentes con un freno razonable a actividades extractivas de alto consumo energético. No obstante, la efectividad de estos anuncios dependerá de la capacidad de ejecución real de las licitaciones en el Chaco y, fundamentalmente, del margen de negociación diplomática que logre el Gobierno en la mesa de Itaipú antes de que termine el año.