La incertidumbre financiera tras el colapso y las irregularidades detectadas en Ueno Bank trasladó su centro de gravedad a las calles. Integrantes de la Asociación de Educadores del Este (AEDE) se manifestaron en el kilómetro 9 de Ciudad del Este, con cierres intermitentes en la Ruta PY02, para exigir explicaciones oficiales sobre el destino de los USD 60 millones pertenecientes a los fondos de la caja fiscal depositados en la mencionada entidad financiera. La movilización, que provocó importantes retenciones de tránsito durante la mañana, expone un problema que trasciende la protesta gremial: la fragilidad con la que el Estado administra los recursos destinados a las jubilaciones de miles de aportantes del sector público.
El impacto económico y la exigencia de garantías
El reclamo del sector docente ataca directamente al corazón de la gestión de la caja pública. Para el aportante ordinario, la pérdida de liquidez o el vaciamiento de una entidad depositaria no es una abstracción macroeconómica; se traduce de forma inmediata en el riesgo directo sobre su salario futuro y la sostenibilidad del sistema de retiros. Durante las alocuciones en Alto Paraná, los manifestantes cuestionaron con dureza la falta de información certera sobre la trazabilidad de los activos y exigieron al Gobierno central un esquema claro de restitución total de los fondos ahorrados.
A esta preocupación contable se suma una falla estructural en el sistema de jubilaciones del Ministerio de Educación: los educadores advirtieron que existen profesores que ya cumplieron holgadamente con los requisitos para acceder al retiro formal, pero continúan en sus puestos debido a la falta de desvinculación administrativa y presupuestaria, un cuello de botella que ahoga la carrera docente y sobrecarga el sistema.
“¿Dónde están los USD 60 millones?”
Escepticismo político ante el relevo en el Ejecutivo
La movilización en el este del país no se limitó al aspecto puramente financiero. En el plano político, las declaraciones de los voceros reflejaron una marcada desconfianza hacia la transición en el sillón de López. Para los manifestantes, el traspaso del mando presidencial a Pedro Alliana —tras la salida de Santiago Peña por mal desempeño— no constituye una garantía de cambio estructural en la conducción del Estado. Desde la perspectiva de los gremios del departamento de Alto Paraná, el relevo en el Poder Ejecutivo representa apenas un reordenamiento de fichas dentro del propio oficialismo que no altera la lógica de gestión de los recursos públicos.
En el marco de esta jornada de protestas a nivel nacional, mientras las bases marchaban en los puntos neurálgicos del interior, representantes del sector educativo mantuvieron reuniones en Asunción con el nuevo jefe de Estado para comprometer respuestas a sus reclamos. Sin embargo, en la marcha de Ciudad del Este el escepticismo fue la nota dominante: los educadores calificaron el recambio gubernamental como una simple modificación de fachada que no resuelve la crisis de representatividad ni la opacidad en el manejo del Tesoro.
Cuestionamientos a la conducción del MEC
El malestar de la AEDE alcanzó también a la cúpula del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Los manifestantes exigieron de forma explícita la remoción del ministro Luis Ramírez, a quien acusan de actuar alineado con los intereses de la patronal y en desconexión con la realidad de las aulas en el interior del país.
El dirigente docente Conrado Cardozo fundamentó el pedido de destitución del titular de la cartera educativa al señalar la necesidad de contar con autoridades institucionales que conozcan de primera mano la situación laboral de los educadores. El conflicto en las calles de Ciudad del Este deja abierta una interrogante de fondo que la nueva administración nacional deberá responder con hechos y números: ¿existen mecanismos técnicos reales para blindar el dinero de los jubilados o asistiremos únicamente a un cambio de voceros en medio de la misma incertidumbre?